La Xunta de Galicia ha valorado el desarrollo del último curso escolar 2020-2021 –marcado por la pandemia de covid-19–, «muy cerca de la normalidad dentro de la excepcionalidad».

Así lo ha explicado el secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila, que ha comparecido este viernes, a petición del Grupo Popular, en la comisión que aborda los asuntos de carácter educativo y cultural.

Vila ha indicado que el curso 2020-2021 «pasará a la historia como uno de los más complicados pero también por el compromiso demostrado por la sociedad para sobrellevarlo». «Todos han resistido para garantizar un sistema educativo con igualdad de oportunidades», ha subrayado el secretario, que ha destacado que el curso ha finalizado «con plena presencialidad».

Manuel Vila ha explicado que la covid-19 ha obligado al sector a rehacer protocolos y reorganizar el sistema para dotarlo de los medios necesarios para hacer los centros seguros y evitar que se convirtieran en focos de contagio. Así, ha indicado que, con datos del 13 de junio, puede afirmarse que «las aulas no fueron vectores de contagio», puesto que del total de miembros de la comunidad educativa, solo se vio afectado el 3%, frente al 4% de toda la población gallega.

«Desde el punto de vista epidemiológico, los centros han sido parte de la solución, y no del problema», ha recalcado Vila, que ha indicado además que «el éxito del sistema educativo es también el éxito del sanitario». «Todas las medidas han sido eficaces y suficientes, a pesar de ser diferentes», ha señalado Vila respecto a los protocolos distintos aplicados según la edad de los escolares. Para el secretario, la ventilación y la mascarilla han sido «determinantes».

Manuel Vila ha apuntado además el importante papel del Comité Educativo creado por el Ejecutivo autonómico para gestionar la evolución de la pandemia en los centros y que ha desarrolado protocolos para comedores, actividades extraescolares y absentismo escolar, entre otros aspectos. «El comité, formado por 35 profesionales de diferentes ámbitos, ha estado activo todo el curso y ha monitorizado la implantación de las medidas», ha apuntado Vila.

REFUERZO MATERIAL Y HUMANO

El secretario xeral técnico ha destacado además los 162 millones de euros destinados a «garantizar la seguridad sanitaria y blindar el funcionamiento del sistema educativo». Una partida que se ha utilizado para dotar de mascarillas a profesores y niños, reforzar la partida de gastos de los colegios y para la ‘Reserva de Garantía Educativa’, dotada con siete millones de euros, y con el objetivo de «hacer frente a los gastos derivados de la covid-19».

«También se ha reforzado el profesorado, con 2.300 profesionales contratados para asegurar el 100% de la presencialidad, algo que pocas Comunidades Autónomas han conseguido», ha detallado Vila que, con todo, ha explicado que se puso en marcha un plan de atención virtual «para que cada persona que necesitase material digital o conectividad lo obtuviese en 24 o 48 horas».

PROTOCOLO 2021-2022

Preguntado por las medidas que se llevarán a cabo en el próximo curso, a partir de septiembre de 2021, Vila ha explicado que existe ya un borrador del protocolo «que ha pasado ya por el Comité Educativo» y que «espera» sea validado «próximamente» por el Comité Clínico.

Manuel Vila ha confirmado que mantendrán las órdenes propias de Sanidad como el mantenimiento de las unidades de convivencia en la etapa infantil, el uso de mascarillas en mayores de seis años y el respeto a la distancia de seguridad de 1,5 metros –que puede ser de un metro de haber mampara».

Con todo, el secretario ha destacado que el escenario «variará» en función de la vacunación y ha destacado que tendrá que ser un protocolo «flexible, de transición». «Es imprescindible que el Gobierno central comunique su postura y diga con qué fondos se va a contar», ha señalado Vila.

CONSERVATORIO DE MONFORTE

Por otra parte, ha sido rechazada una iniciativa del BNG que instaba a la Xunta a «actuar para acabar con la discriminación de género» sufrida presuntamente por cuatro profesoras del Conservatorio de Monforte de Lemos.

La diputada nacionalista Mª del Carmen Aira ha defendido una iniciativa que ha calificado de «cuestión de justicia» y mediante la que ha pedido la intervención de la Xunta y el apoyo de la Cámara para «hacer cumplir la legalidad vigente en materia de derechos fundamentales y de la no discriminación de género».

Tal y como ha explicado Aira, además de un conflicto laboral latente por el que 10 profesores presentaron demandas, «se está discriminando» a cuatro profesoras que, contratadas por 30 horas semanales, solo perciben sueldo por las 26 lectivas, y no por las otras cuatro que destinan a tutorías y a otras actividades educativas, «a diferencia de sus compañeros varones».

«Las mujeres son las peor paradas: no solo están afectadas por el tóxico clima laboral, sino que también les repercute económicamente. Calculan que hayan dejado de percibir 11.000 euros menos al año, un 33%, respecto a sus compañeros hombres», ha indicado la diputada nacionalista, que ha destacado también los «castigos» a los que se han visto sometidas las demandantes –expedientes disciplinarios–.

Aira ha lamentado además que «un partido progresista como es el PSOE» permita esta situación, puesto que el alcalde de Monforte es el socialista José Tomé, y el Conservatorio es de titularidad municipal. «Se comunicó la situación y no se hizo nada». La diputada nacionalista ha criticado también la inacción de la Xunta de Galicia, en concreto de la Secretaría de Igualdad.

«CONFLICTO LABORAL, NO DE GÉNERO»

El socialista Luis Álvarez ha tachado de «inadmisible» e «infumable» que se intente «mezclar un conflicto laboral con un conflicto de género». «Si pueden demostrar que existe discriminación, entonces les daré la razón. Y, de haber algún conflicto laboral, habría que ver donde empezó», ha señalado el diputado socialista, que ha destacado que la negociación laboral de los profesores se llevó a cabo en 2005, «con un alcalde del BNG» –Severino Rodríguez Díaz–.

Además, ha apuntado que las diferencias responden a diferencias en los contratos: «Hay trabajadores contratados por 10 meses y otros por 12».

La vocal popular, Raquel Arias, ha reprobado el «feminismo de pancarta» de la formación nacionalista, «que en la comisión denuncia la actitud de Tomé, pero que lo apoya en la Diputación» –donde es presidente–. «Tampoco entendemos que el Bloque quiera mezclar a la Xunta en algo que no es de sus competencias», ha señalado Arias.

El grupo popular ha presentado una enmienda a la propuesta nacionalista –finalmente rechazada– para incluir la celebración de una mesa de negociación «con todas las partes implicadas» para llegar a un acuerdo. Dicha propuesta ha sido calificada por la diputada nacionalista de «insuficiente», que ha criticado además que el Gobierno gallego trate de «externalizar culpas».