La Confederación Española de Pesca (Cepesca) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) han solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la «adopción urgente de medidas adicionales» en el sector pesquero para evitar el «inminente» amarre de la flota española ante la falta de rentabilidad provocada por el encarecimiento del combustible.
Ambas organizaciones alertan de que la situación «no ha hecho más que agravarse» debido a los conflictos geopolíticos, situando a numerosas empresas por debajo del umbral de rentabilidad y obligando a algunos buques a cesar ya su actividad.
A través de una carta remitida al Ejecutivo, el sector ha subrayado que el principal factor de la crisis es el «notable incremento» del precio del combustible, que ha pasado de los 0,50 o 0,60 euros por litro en enero a superar los 1,3 euros en puertos nacionales, alcanzando incluso los 2,2 euros en otros países.
Desde las organizaciones advierten de que no solo «está en juego» la viabilidad económica de las empresas pesqueras, sino también la seguridad alimentaria, la preservación de 30.000 empleos directos y más de 150.000 indirectos vinculados a la actividad y el mantenimiento del «tejido social y económico de las comunidades costeras».
PAQUETE DE MEDIDAS EXCEPCIONALES
Ante este escenario, el sector considera «insuficientes» las ayudas del Real Decreto-ley 7/2026 y reclama un «paquete de medidas adicionales de aplicación inmediata».
Entre las peticiones destaca el incremento de la ayuda al combustible, solicitando que pase de 20 a 50 céntimos por litro, y que su abono sea mensual para «garantizar la liquidez de las empresas».
Asimismo, reclaman a la Administración que agilice los mecanismos para activar las ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) en cuanto sean autorizadas por la Comisión Europea.
Otra de las reivindicaciones clave es la exoneración, y «no solo el aplazamiento», de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y trabajadores hasta, «al menos», finales de 2026.
Finalmente, Cepesca y la FNCP han solicitado una reunión con el Gobierno para concretar la aplicación de estas medidas. Las organizaciones recuerdan que el sector «aporta cerca de 10.000 millones de euros de valor agregado bruto» a la economía española y resulta estratégico para la cohesión territorial de las comunidades costeras.
