La Delegación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) ha acusado al Sergas de querer «criminalizar» a los profesionales sanitarios de Atención Primaria con la inclusión de parámetros como un mínimo de consultas presenciales o una demora máxima para lograr los complementos salariales.

En un comunicado, CESM apunta que «fue la propia administración» la que «impuso» estas consultas presenciales «al comienzo de la pandemia, al no disponer de otros medios de protección para los facultativos y los pacientes».

El sindicato médico considera que los objetivos incluidos en este pliego son «un auténtico despropósito», ya que alcanzar ese nivel de presencialidad –del 60%– y reducir la lista de espera «es totalmente inviable» hoy en día, cuando «ni siquiera se están cubriendo las ausencias de los profesionales».

«Cuando nos encontramos en medio de una pandemia, con las mismas plantillas que antes de la irrupción de la covid-19, con mucha más carga de trabajo, una situación de estrés y agotamiento generalizados, y con trabajo atrasado al haber priorizado la lucha contra el virus, plantear esos objetivos es sencillamente una burla a los facultativos», critican.

En relación también a esta cuestión, la CIG ha criticado la inclusión de estos parámetros en los acuerdos de gestión y ha asegurado que la falta de presencialidad es «una consecuencia de la precariedad de recursos humanos y estructurales» del sistema.

Por ello, apunta el sindicato, «la falta de presencialidad no se soluciona imponiendo porcentajes», sino desarrollando «planes de recuperación de la actividad presencial, con agendas reales, no infinitas o imprevisibles, que puedan ser atendidas por profesionales con el tiempo necesario para hacerlo, y los recursos y la capacidad de resolución necesaria para resolver la inmensa mayoría de los problemas de las personas que acuden a las consultas».

En cuanto a las esperas para las consultas, la CIG recuerda que «no son voluntad de los profesionales», si no, «consecuencia del incremento de actividad relacionada con la pandemia y de la falta de recursos». «Los centros de salud no están cerrados, con los profesionales dentro sin hacer nada», subrayan.

Del mismo modo, consideran que las listas de espera también son «consecuencia directa de la política de gestión de recursos humanos de la Consellería de Sanidade», a los que ha acusado de «precarizar las condiciones de trabajo» en Primaria.

También el Defensor del Paciente se ha hecho eco de esta información y ha remitido un escrito al Fiscal Superior de Galicia para que se investigue lo que consideran un «abuso de poder» por utilizar a los trabajadores sanitarios «como arma arrojadiza» cuando «no se potencia ni los medios ni el personal».