Los principales grupos en el Parlamento europeo han reclamado este miércoles que los test para detectar el coronavirus que estén vinculados al nuevo certificado europeo para facilitar los viajes de los turistas este verano sean gratuitos porque en la actualidad son «prohibitivos» en algunos Estados miembro y ello supone una discriminación entre europeos.

«El certificado debe ser gratuito y los test también, porque los test son prohibitivos en algunos Estados miembro y no puede ser que tenga un precio prohibitivo, y por tanto discriminatorio, un test que es obligatorio», ha advertido el presidente de la comisión europarlamentaria de Justicia e Interior y ponente de este expediente, el socialista Juan Fernando López Aguilar.

En un debate con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Portugal y presidencia de turno de la UE, Ana Paula Zacarias, los eurodiputados han mostrado mayoritariamente su apoyo a un certificado que ayude a recuperar el derecho fundamental de la libre circulación, pero han pedido garantías para la protección de datos y de que no lo utilizarán los gobiernos para imponer medidas nacionales adicionales.

El objetivo es lograr un acuerdo entre las instituciones de la UE a tiempo para que el certificado esté ya a punto a finales de junio y los trabajos técnicos que se desarrollan en paralelo para asegurar su interoperabilidad marchan a buen ritmo, según ha dicho Reynders en el debate con los europeos.

Tanto el Ejecutivo comunitario como los Veintisiete recogen en sus posiciones de negociación que los test deben ser «accesibles» para todos los europeos, pero evitan ir tan lejos como reclaman la Eurocámara para asegurar su gratuidad.

«Compartimos la opinión de que los test deben ser asequibles para todos los ciudadanos, pero las cuestiones ligadas al reembolso de los gastos médicos, como es el caso de los test de coronavirus, recaen en las competencias de los Estados miembro», se ha escudado Reynders en el debate con los eurodiputados, para después señalar que se trata de un asunto «complejo» que afecta a actores públicos y privados.

Una eurodiputada de Renovar Europa, la liberal holandesa Sophia in ‘T Veld, ha replicado que la libre circulación es «un derecho y no un privilegio», por lo que los europeos «no deberían tener que pagar por ello ni asumir ningún privilegio», por lo que ha recordado a Reynders que la Comisión tiene poderes en el Mercado Interior y le ha pedido «creatividad».

Zacarias, por su parte, ha dicho en nombre del Consejo que tampoco está en su mandato regular con esta negociación la gratuidad de los test pero sí están abiertos a explorar fórmulas para «reducir o suprimir» sus costes.

MEDIDAS NACIONALES Y PROTECCIÓN DE DATOS

Reynders y Zacarias también se han referido a las garantías que ofrecerá el certificado en materia de protección de datos porque, entre otras salvaguardas, se limitará a lo esencial la información médica que reunirá el certificado.

Los eurodiputados reclaman más garantías para evitar que los datos sean almacenados en ninguna base europea y también piden dejar claro que se trata de un instrumento «temporal» vinculado exclusivamente a la covid 19 y, por tanto, quedará de lado cuando se declare el final de la pandemia.

En el curso del debate, los eurodiputados han insistido en que la necesidad de reactivar y proteger el derecho a la libre circulación de los europeos dentro el espacio Schengen, una de las libertades del acervo comunitario pero que se ha visto fuertemente restringida durante la gestión de la pandemia.

«Sin libre circulación no habrá recuperación económica ni recuperación social», ha alertado el ponente López Aguilar, quien también ha avisado de que la Eurocámara rechaza de plano que las autoridades nacionales puedan darles usos distintos al documento.

«No podrán ser utilizados internamente ni para ir al restaurante, ni para ir a los teatros ni a los espacios públicos», ha asegurado el eurodiputado socialista, quien ha confiado que este instrumento sirva para acabar con «la situación caótica de la que venimos» por la suma de medidas «contradictorias y discriminatorias» tomadas en los países de la UE.

La eurodiputada de ERC Diana Riba, por su parte, ha alertado de las dudas que genera este proyecto porque faltan pruebas científicas que acrediten su eficacia para evitar la transmisión del virus, con el consecuente «riesgo de ofrecer una falsa sensación de seguridad» a la población, y porque «normaliza» tener que entregar datos personales para ejercer libertades.

«El certificado debe garantizar que viajemos sin limitaciones pero con la máxima seguridad», ha pedido, a su vez, la eurodiputada del Partido Popular Dolors Montserrat, quien ha emplazado a los gobiernos europeos a no caer en el «nacionalismo sanitario» que llevaría de nuevo al «caos» por la divergencia en las medidas contra la pandemia entre Estados miembro.

También el eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá ha criticado las «restricciones descoordinadas» que se han sucedido en el último año en la Unión Europea «sin ningún criterio común ni basados en epidemiológicos».

La secretaria de Estado para Asuntos Europeos de Portugal, Ana Paula Zacarías, finalmente, ha defendido el desarrollo de este certificado como una «señal fuerte» de que Europa «vuelve a estar en movimiento» y ha confiado en que sirva para impulsar la «recuperación social y económica» en la UE.

Con todo, Zacarías ha pedido cautela para que no se relaje la estrategia contra el coronavirus en exceso para evitar que variantes virulentas como la identificada en India se propaguen en la UE con la reapertura a los movimientos.