La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) denuncia que, un año después del Estado de Alarma decretado por el Gobierno central el 14 de marzo de 2020, la sanidad privada sigue a expensas de llegar a acuerdos con seis territorios regionales por las «justas e imprescindibles» compensaciones por la puesta a disposición y el uso específico de recursos sanitarios tomados por el sistema de Salud Pública en toda España.

Por este motivo, el sector de provisión sanitaria ha interpuesto reclamaciones administrativas ante las Consejerías de Murcia, Galicia, Castilla y León, Valencia y Andalucía; mientras que en el País Vasco sigue sin haber avances. Por el contrario, destacan que las regiones de Madrid, Canarias, Navarra, Cataluña y Baleares han alcanzado acuerdos y procedido a las remuneraciones al considerar que «se produjo una expropiación forzosa».

«El sector en general se ha encontrado con un riesgo evidente de quiebra asistencial y financiera, no solo para pequeñas clínicas que en miles de casos no han podido sostener su servicio, sino también para grandes hospitales, sin medidas de ayuda adoptadas para todo el territorio por el Gobierno central y con administraciones regionales que siguen dando la espalda», señala Carlos Rus, presidente de ASPE.

Asimismo, considera que «no es admisible que en el Estado de las Autonomías se vivan situaciones tan dispares para la misma causa, entre quienes reconocen el derecho de la sanidad privada a ser compensada por su uso y disposición en la atención de la COVID y quienes se niegan a poner en valor su esfuerzo sin límites».

COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE NO ESTABLECEN COMPENSACIONES

Tras las conversaciones y negociaciones desarrolladas desde hace muchos meses en algunos territorios, las empresas sanitarias han iniciado reclamaciones por vía administrativa ante las consejerías de sanidad. En muchos casos las reclamaciones se ejercen a título particular por cada empresa perjudicada y en otros de forma colectiva.

En el caso de Murcia, la gran mayoría de empresas han realizado reclamaciones administrativas a la Consejería de Sanidad. La situación, ante el devenir político de la región, se encuentra paralizada. La misma solución se ha emprendido en Castilla y León, con una reclamación administrativa por lo derivado en la primera ola y por puesta a disposición. En la Comunidad Valenciana varios grupos hospitalarios han presentado a su vez un escrito de reclamación conjunto.

En Andalucía, a pesar de las conversaciones para alcanzar un acuerdo general, no se han producido avances y hay empresas que ha presentado reclamaciones por puesta a disposición. En País Vasco, las gestiones desarrolladas por las clínicas tampoco han alcanzado avances satisfactorios, si bien se resuelven satisfactoriamente determinados convenios sanitarios. En Galicia, la práctica mayoría de los asociados han presentado reclamación a la Xunta y también al Ministerio de Sanidad.

CCAA QUE SI HAN COMPENSADO

Este es el caso de Cataluña, la primera región que determinó compensaciones bajo un acuerdo estable para la atención asistencial de afectados por el COVID y derivados desde la sanidad pública. Madrid incorporó el acuerdo posteriormente y en la práctica casi todos los hospitales han cobrado las compensaciones relacionadas con la puesta a disposición de la primera ola. En Navarra, los pagos se realizan puntualmente.

En Canarias, se han cerrado acuerdos de precio por cama de hospitalización y por cama UCI, e incorporando también el lucro cesante durante la primera ola. Y, finalmente, en Islas Baleares se ha firmado un protocolo con el Servicio de Salud, que finaliza mañana 31 de marzo para la atención de pacientes COVID derivados a centros privados.

¿QUÉ ESTABLECIÓ EL GOBIERNO?

ASPE recuerda que el Gobierno ordenó a la sanidad privada vía Orden de Sanidad el 31 de marzo la desprogramación de toda actividad sanitaria no urgente-preferente, reduciéndose su actividad por encima del 80%, y la puesta a disposición de los recursos del sector en toda España a las Consejerías de Sanidad. «El sector empresarial mantuvo íntegramente todas sus estructuras en funcionamiento y disponibles, sin la posibilidad de tomar medidas de reorganización laboral, incluyendo los profesionales no sanitarios o los sanitarias no implicados en la atención del coronavirus y de actividad urgente, con la consecuente imposibilidad de adaptar los costes del centro», advierte.

«Esta situación derivó en la inviabilidad e insostenibilidad económica de hasta 3.000 centros sanitarios de pequeño tamaño, muy especialmente clínicas sin internamiento», continúa la patronal. En junio, el sector reclamó al Gobierno de España ser considerado en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros, además de otras medidas de ayuda de liquidez y fiscales.

El ministro Salvador Illa terminó derivando a la sanidad privada a la negociación con cada Comunidad Autónoma. ASPE y sus asociaciones territoriales iniciaron entonces un proceloso periodo de conversaciones con las Consejerías de cada región. En paralelo, ASPE solicitó un dictamen jurídico cuya conclusión señaló que el Estado debe asumir su responsabilidad patrimonial por los recursos tomados o por la puesta a disposición de la sanidad privada.