La Plataforma SOS Sanidade Pública ha trasladado su rechazo a la reforma de la Ley de Salud de Galicia, cuya aprobación definitiva se debatirá en la Cámara gallega la próxima semana, por considerar que es «innecesaria» y que «recorta derechos y libertades».
En un comunicado remitido a los medios, la plataforma censura que la reforma fuese presentada en forma de proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en vez de por el Gobierno para «evitar el informe preceptivo de los servicios jurídicos» del Parlamento sobre la legalidad de la propuestas.
Asimismo, considera que se trata de una medida de mercadotecnia política al utilizar la alarma social por la pandemia y que recorta derechos y libertades que en otras circunstancias no serían aceptados por la mayoría de la población, lo que «supone un peligroso precedente para otras situaciones».
Además de asegurar que la actual legislación ya contiene instrumentos legales para afrontar la pandemia, denuncia que la reforma impone, bajo la amenaza de grandes sanciones, la obligación de realizar pruebas, vacunaciones y tratamientos (en algunos casos objeto de debate por la comunidad científica) «invadiendo la libertad de decisión de las personas sobre su salud y vulnerando la Ley de Consentimiento Informado)».
También critica que otorgue un «enorme poder» al comité clínico «integrado mayoritariamente por cargos institucionales designados por la Xunta» y que «avance hacia una especie de estado policial al multiplicar el número de autoridades sanitarias con capacidad de intervenir en temas sensibles para las libertades y el derecho la salud».
«Pretende controlar la vida y actividad de las personas, con el pretexto de proteger su salud utilizando las nuevas tecnologías informáticas», denuncia la plataforma, que critica también que el régimen de sanciones que establece cuantías a las que no podrán hacer frente buena parte de la población.
Por último, además de censurar que no contemple medidas para intervenir sobre la situación de las residencias, la plataforma hace un llamamiento a las fuerzas políticas, sindicales y sociales a «hacer frente» a lo que considera un intento de la Xunta de «recortar derechos y libertades».
