La reforma de la ley de salud, en el foco de la polémica estos días tras la campaña de correos masivos en su contra que han recibido diputados y personal de la Cámara, y el portal parlamentario abierto al ciudadano ‘Lexisla con nós’, ultima su tramitación sin apenas acercamiento entre los grupos e incorporando, eso sí, las correcciones que el PP planteó vía enmienda.

Así lo certifica el informe de la Ponencia que ha trabajado sobre este texto legislativo y que propone aceptar una de las 54 enmiendas que, en total, presentaron socialistas (30) y nacionalistas (24). En concreto, la enmienda que los nacionalistas proponen aceptar es la número 24, que afecta a la exposición de motivos e incide en «revisar el lenguaje sexista en toda la redacción» del proyecto legislativo.

Más allá, el informe que se debatirá en comisión como paso previo a su votación definitiva en pleno sí sumará las cinco enmiendas presentadas por los populares y que atañen fundamentalmente a la planificación, con el foco en el desarrollo de la Estratexia Galega de Saúde y los planes por área.

Aunque los populares también han introducido una enmienda en la que matizan un artículo de la ley en el que inicialmente se apelaba a avanzar en la «desnormalización» del consumo del alcohol «en todos los ámbitos», con el foco «especialmente» en los menores de edad.

La directriz inicial de «en todos los ámbitos» se elimina mediante una enmienda de supresión y el nuevo texto se ciñe a los menores, apostando por «establecer prohibiciones, limitaciones y estrategias de prevención del consumo de bebidas alcohólicas para avanzar en la desnormalización de su consumo por las personas menores de edad».

INFRACCIONES Y MEDIDAS

A la espera de que en su último debate en comisión se pueda producir algún otro cambio, ninguna de las modificaciones que sufre la reforma legislativa impulsada por los populares atañe a los artículos que han sido objeto de polémica esta semana, ante la campaña de cientos de correos masivos con contenido negacionista de la covid-19 y antivacunas que, con el rechazo a esta ley por bandera, han llegado a la Cámara.

Entre los capítulos que más críticas han recibido está el que alude a la tipificación de infracciones en salud pública y a las multas. Y es que en el texto se fijan diferentes sanciones, entre las que se encuentran multas de hasta 60.000 euros por saltarse un aislamiento.

En concreto, la ley establece tres tipos de infracciones: leves (de 1.000 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros). Saltarse una cuarentena por parte de infectados o personas con síntomas compatibles con el coronavirus está estipulado como infracción grave, pero pasará a ser muy grave si se hace de forma repetida o si produce un daño elevado en la salud pública.

Mientras, el rechazo a vacunarse o hacerse pruebas cuando así sea prescrito por autoridades sanitarias está estipulado como leve (entre 1.000 y 3.000 euros) en el caso de que las repercusiones tuviesen una «incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población», pero pueden pasar a graves o muy graves en función del daño ocasionado.

La multa por no llevar mascarilla se marca en un mínimo de 100 euros, con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento. Y entre otras infracciones leves también se encuentran: hacer botellón, infringir los toques de queda, reuniones con más personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias, o incumplimientos de horarios de locales.

«SEGURIDAD JURÍDICA»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido el impulso de esta norma y ha subrayado que aportará más seguridad jurídica, además de insistir en que el Gobierno central debería impulsar su propia norma para la gestión de la pandemia «a largo plazo» sin tener que acudir a la declaración de estado de alarma.

Este mismo viernes, tras rechazar la campaña telemática en el Parlamento contra la ley de salud, insistió en su defensa.