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CIG remite un escrito a Educación para pedir que aclare su plan para ampliar la red de centros integrados de FP

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La CIG-Ensino ha remitido un escrito a la Secretaría Xeral de Educación para solicitar que se aclare el plan de la Xunta para ampliar la red de centros integrados de Formación Profesional.

En un comunicado, el sindicato manifiesta tener conocimiento de que la Inspección educativa está ejecutando una revisión de la oferta en determinados institutos que imparten ESO, Bachillerato y FP.

El objetivo, según añaden, es estudiar posibles cambios de cara a su conversión en centros integrados, lo que supondria una reducción de su oferta en secundaria.

La CIG enmarca estos pasos en un proceso que inició en agosto, después de que el grupo parlamentario del PP presentase una propuesta en el Parlamento para instar a la Xunta a ampliar la red de centros integrados y que se aprobó el pasado mes de diciembre.

El sindicato advierte de la posibilidad de que IES «de todas las grandes áreas urbanas» terminen transformados en CIFP, sobre todo aquellos que comparten varias etapas educativas, por lo que pide a la Xunta que proporcione toda la informacion a los afectados, a los representantes del profesorado y al conjunto de las familias.

Según recuerda, la creación de determinados centros integrados en el pasado supuso que «mucho alumnado se tuviese que desplazar fuera de su barrio» y, al mismo tiempo, una «limitación» de la oferta en los públicos, favoreciendo así a los concertados.

«El necesario incremento de la oferta de FP no puede hacerse a costa del resto de las etapas educativas», advierte, para insistir en que la Conselleria de a conocer sus planes.

TRANSPORTE ESCOLAR

Por otro lado, la FGAMT-CIG ha denunciado que la UTE Hércules Norte, del grupo Monbús y que hace la línea A Coruña-Betanzos-Ferrol, lleva sin abonarle el salario a las trabajadoras del servicio de acompañamiento del transporte escolar desde el 23 de diciembre, cuando asumió la prestación de este servicio.

El sindicato llevará ante la Inspección de Trabajo y a la Dirección Xeral de Mobilidade esta «situación injustificada» y de «sesgo discriminatorio», puesto que prácticamente todo el personal que realiza estas tareas «son mujeres», unas 40 personas.

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