La Xunta ha suspendido el plazo de presentación de ofertas para la licitación de las rutas de transporte escolar. Esta decisión se produce en un contexto de protestas en el municipio de Folgoso do Courel en contra del nuevo diseño planteado por el Gobierno gallego.

La Consellería de Cultura, Educación e Universidade ha paralizado el plazo, que terminaba el próximo 18 de enero, para analizar pormenorizadamente las alegaciones presentadas por los diversos colectivos implicados en el proceso, entre ellos el propio Ayuntamiento de Folgoso do Courel.

El departamento autonómico ha considerado que los argumentos esgrimidos en las alegaciones «pueden tener trascendencia» tanto en el proceso de adjudicación como en la ejecución del contrato.

Tras la paralización de los plazos, el servicio técnico de la Consellería evaluará y analizará el proceso determinará el alcance de las rectificaciones necesarias.

Posteriormente, se reanudarán o se prorrogaran los plazos iniciales de presentación de ofertas o, de ser el caso, retrotraer el expediente al momento de aprobación de pliegos para subsanar los errores, de lo que se dará publicidad a través de la plataforma de contratación de la Xunta.

«El objetivo es ofrecer el mejor servicio en un contrato que estará en vigor los dos próximos cursos, prorrogable por dos más», insiste el departamento autonómico.

La decisión se hizo efectiva este lunes a través de una resolución de la Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, y fue comunicada a los colectivos potencialmente interesados en la licitación en los últimos días.

EL PRIMER PASO

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, se reunió este mismo lunes con la alcaldesa de Folgoso, Lola Castro, para informarle personalmente de la decisión.

Tras el encuentro, la regidora trasladó su agradecimiento a la Xunta por atender las reivindicaciones trasladadas desde el gobierno local y la comunidad educativa del municipios.

Hasta el momento, el servicio estaba desarrollándose con taxistas de la localidad, organizado en seis rutas. El contrato caducaba en el mes de diciembre, por lo que la Consellería impulsó un proceso de renovación en concurso público que, según la comunidad escolar, impediría a estos conductores mantenerse a cargo del mismo a pesar de llevar 30 años asumiendo el transporte.

Asimismo, las familias criticaban que el nuevo modelo obligaría a los hijos a realizar desplazamientos más largos y al uso de un tipo de vehículo inadecuado para las aldeas y las vías de la zona.

«El modelo propuesto inicialmente era perjudicial para los taxistas que hacen el servicio y también para los escolares, que se verían afectados», señala la alcaldesa en un comunicado, quien agradece que este lunes se da «el primer paso» para que se tengan en cuenta las condiciones especiales del municipio.