El PPdeG incluye mejoras en la carrera de cargos públicos y la oposición pide suprimir los cambios de funcionarización de personal laboral fijo de entes instrumentales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRES)

La crisis sanitaria derivada del coronavirus supuso una revolución normativa y legislativa este año, un antes y un después hasta el punto que se llegaron a suspender las primeras elecciones autonómicas ya convocadas (por acuerdo de las fuerzas políticas). Una situación inédita en 40 años de democracia que llegó a suscitar dudas en el encaje constitucional.

De hecho, una de las cuestiones más demandas por parte del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es un cambio normativo en la ley de salud para evitar el recurso del estado de alarma para implementar restricciones, un asunto del que ha hecho bandera, pero cuyo guante no ha sido recogido por el Gobierno. Sin embargo, en Galicia sí se ha impulsado una reforma de la ley de salud gallega porque, en palabras del mandatario autonómico», hay que «regular» la pandemia, que finalmente se está tramitando por iniciativa del PPdeG.

Pero el Gobierno gallego no se ha quedado ahí. A través de la Ley de medidas fiscales y administrativas, la conocida como Ley de acompañamiento de los presupuestos –en este caso de 2021–, la Xunta, al margen de otros cambios, también excepciones para la celebración de los procesos selectivos, que con los cambios que se incorporarán en el Parlamento, vía enmienda del grupo que sostiene al Gobierno de Feijóo, podrán ver alterado el orden de las pruebas si lo requiere la situación epidemiológica.

CAUSA DE FUERZA MAYOR

La ley de acompañamiento, que ahora está a trámite parlamentario, sostiene que la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia constituye una causa de fuerza mayor que justifica, en aquellos procesos selectivos o de provisión, que «no se puedan desarrollar regularmente».

De esta forma, se han adoptado medidas como ampliación de los distintos plazos para realizar los ejercicios de los procesos selectivos hasta que la situación derivada de la pandemia permita «un adecuado desarrollo».

La futura norma también prevé realizar los ejercicios de los procesos selectivos en distintos turnos, con pruebas diferentes sobre el mismo temario, así como llevar a cabo los procesos selectivos en diferentes sedes, distribuyendo a los aspirantes, si bien con el matiz del deber de respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público.

Este documento, que fue negociado con los sindicatos, será modificado en sede parlamentaria a través de enmiendas del PPdeG, que ha presentado una treintena de cambios a un texto que, a su vez, modifica más de 20 leyes autonómicas. Así, a través de los populares, se establece un nuevo cambio en las oposiciones: «la posibilidad de alterar el orden de realización de las pruebas de los proceso selectivos».

La Administración autonómica, a través de la futura ley, también se reserva la posibilidad de fijar fechas alternativas para realizar ejercicios de procesos selectivos a personas aspirantes que no puedan participar en ellos en la fecha inicialmente señalada por estar en situación de aislamiento o en cuarentena prescrita por ser persona infectada de covid o contacto estrecho.

Al respecto, deberá fijarse la fecha alternativa con «garantías de no alteración del desarrollo normal» del proceso selectivo. La ley permitirá ampliar los distintos plazos para la resolución de los procesos de provisión y adoptar cualquier otra medida, «debidamente justificada», a propuesta de la autoridad sanitaria competente».

MEJORA LA CARRERA PROFESIONAL PARA LOS CARGOS PÚBLICOS

Otra de las modificaciones que se hará a través de las enmiendas del PPdeG, al margen de la negociación general que se estableció con los sindicatos, es una mejora de la carrera profesional para los funcionarios que ocupen cargos públicos.

Las enmiendas del PPdeG pretenden mejorar la situación de aquellos empleados públicos que accedan a un cargo público y se encuentren en situación de servicios especiales, como son los propios diputados, alcaldes o cargos nombrados por la Administración autonómica.

En esencia, por cada dos años de servicios prestados en un cargo público, estos funcionarios consolidarán un nivel de la carrera profesional, lo que supone una subida salarial. Hasta ahora, un funcionario se reincorporaba en el nivel salarial que tenía antes de la prestación de servicios.

Este cambio viene recogido en las enmiendas 4 y 5 registradas por el PPdeG, a las que ha tenido acceso Europa Press. «En relación a la consolidación de grado, el personal funcionario de carrera en situación administrativa de servicios especiales, por cada dos años de servicios continuados, consolidará dos niveles superiores de grado personal al que poseyese, sin que, en ningún caso, pueda superar el nivel máximo que podría obtener en su cuerpo o escala de pertenencia». Los mismo recoge para el personal funcionario de carrera que pase a desempeñar un puesto directivo en una entidad instrumental.

Precisamente, en la propia ley de acompañamiento ya aparecían mejoras, frente a la situación actual, para el personal laboral fijo procedente de los entes instrumentales y que, en este caso, supone que podrán llegar a cobrar más que un funcionario de carrera, puesto que consolidarán sus trienios (que son más altos que el trienio fijo que se cobra por parte de los funcionarios de la administración autonómica).

LA OPOSICIÓN PIDE SUPRIMIR ESTA DISPOSICIÓN

Concretamente, el proyecto legislativo, que acompaña los presupuestos de 2021, incluye en su disposición adicional primera una modificación del decreto 129/2012, que regula la integración del personal laboral de los entes instrumentales.

Este cambio permitirá mantener un sueldo mayor los empleados públicos que pasen a ser funcionarios de la Administración autonómica procedentes de entes instrumentales, frente a los que lo son de carrera, una funcionarización que es voluntaria.

Los grupos de la oposición, BNG y PSdeG, reclaman en sus enmiendas a la ley de medidas fiscales y administrativas, la «supresión» de esta disposición adicional que, según la denuncia realizada por el sindicato CSIF, supone un beneficio para la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y al resto de altos cargos de este departamento, como trabajadores en excedencia de la extinta Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos (Eposh), cuya integración «está preparando la Xunta».