El Gobierno gallego ha aprobado este jueves las ofertas de empleo público correspondientes al ámbito sanitario (con 985 plazas) y a los servicios generales autonómicos (casi 3.000). Aunque se corresponden con el ejercicio de 2020, ambas convocatorias se materializarán en 2021, al igual que la pendiente de educación, y sumadas alcanzan, según ha reiterado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, la «histórica» cifra de 7.601, la más alta de los últimos 12 años.

En lo que respecta al decreto de oferta de empleo público de empleo de la Administración Xeral de la Xunta para el año 2020, el total asciende a 2.962 plazas, un 67% más que en la convocatoria de 2019.

Incluye, según Feijóo, 2.567 plazas de acceso libre, un 66% más que en 2019, de las cuales 1.276 son para «la estabilización y consolidación» del personal de los servicios sociales integrados en el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Y también se ofertan 395 plazas para la promoción interna del personal funcionario.

Además, el decreto –que recibió el apoyo de CC.OO. y UGT, pero no de CSIF y CIG– cuenta con 3.410 plazas para continuar con el proceso de funcionarización del personal laboral fijo.

Asimismo, el presidente de la Xunta ha subrayado «la sensibilidad con la discapacidad», con una reserva de plazas para personas con discapacidad que alcanza el 13,7% en las plazas de acceso libre, un 3,4% más que en la oferta de 2019. «Es el momento, sin duda, para las personas a las que les interesa la Administración Pública, un momento histórico y una gran oportunidad», ha remarcado.

SANIDAD: «NO ES LA OFERTA QUE NOS GUSTARÍA»

En relación a la aprobación del decreto de la oferta de empleo público correspondiente al año 2020 en el Servizo Galego de Saúde, Feijóo ha subrayado que, en total, se incluyen 985 plazas: 973 plazas de personal estatutario y 12 de personal funcionario de la escala de salud pública y administración sanitaria.

De estas 973 plazas de personal estatutario, 652 corresponden a personal facultativo; 275 a personal sanitario diplomado y de formación profesional; y 46 a gestión y servicios. Además, se reservarán 49 plazas para personal con discapacidad general y 20 para su acceso por personas que acrediten discapacidad intelectual.

Entre las novedades –que Feijóo ya había avanzado–, se incluyen en los procesos de las especialidades de medicina una puntuación específica, a concretar en la mesa de negociación, que valore la prestación de servicios en hospitales comarcales o centros alejados de las urbes.

Y en lo que respecta al personal funcionario, se aprueban 12 plazas de Salud Pública, que se acumularán a las aprobadas en el 2018 y 2019, en un único proceso, con un total de 82 plazas.

«Pero no vamos a olvidar que esta no es la OPE que nos gustaría. Nosotros pedimos y seguimos pidiendo al Gobierno central que se elimine la tasa de reposición, con lo que podríamos estar convocando 3.500 plazas. Queremos ofertar todas las plazas vacantes», ha concluido.

TELETRABAJO

Durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo también ha ratificado la aprobación del acuerdo sobre el nuevo régimen de teletrabajo de los empleados públicos en la Administración gallega, que convierte a Galicia –ha dicho– en la primera autonomía en adaptarse a la normativa de reforma del teletrabajo aprobada por el Gobierno central en el mes de septiembre.

Feijóo ha remarcado que esta modalidad será «voluntaria y reversible» tanto para el empleado público que lo solicite como para la propia Administración.

La autorización, según ha explicado, tendrá duración de un año y se prorrogará automáticamente en iguales condiciones mientras persistan las circunstancias que dieron lugar a la misma. Las unidades administrativas contarán, con carácter general, con una presencia diaria mínima del 40% de sus empleados.

Además, el teletrabajo será compatible con cualquiera de las modalidades horarias permitidas y el acuerdo reconoce expresamente el derecho a la desconexión digital de los empleados públicos.

PRIORIDADES

Tendrán prioridad para acogerse a esta modalidad las víctimas de violencia machista, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, mayores de 60 años, aquellas personas que tengan «necesidades objetivas de conciliación» y las que tengan una mayor distancia de desplazamiento a las oficinas físicas.

En virtud de este acuerdo, la Administración dotará de medios tecnológicos al personal que esté teletrabajando. Así, se les facilitará un ordenador; acceso a las aplicaciones informáticas de la Comunidad; herramientas ofimáticas; conexión con los sistemas informáticos de la Administración; y los sistemas de firma electrónica que garanticen la seguridad y privacidad en las tareas.

Feijóo ha puntualizado que esta modalidad a distancia no podrá aplicarse en aquellos puestos en los que su prestación efectiva «solo puede quedar garantizada a través de presencia física».