La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha reconocido que el Real Decreto-Ley 7/2018, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para intentar devolver el carácter universal al sistema sanitario, «no es suficiente», por lo que se ha comprometido a mejorar este derecho a través del anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), que finalizó este miércoles su consulta pública.

Así se ha pronunciado Calzón durante su intervención en el evento ‘online’ ‘El camino hacia la sanidad universal en España’, organizado por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), en el que varias organizaciones sociales han analizado la situación actual del acceso a la salud en España y las barreras que existen para alcanzar la universalidad real.

«Para nosotros es un objetivo absolutamente compartido, que forma parte del programa de Gobierno. Es una prioridad absoluta siempre marcada en la agenda del Ejecutivo de forma transversal hacer plenamente efectivo el acceso a la salud con carácter universal», ha proclamado Calzón, quien ha agradecido a estas entidades su lucha por la universalidad y su denuncia de los casos de personas que siguen excluidas.

Calzón ha detallado que el Real Decreto 16/2012, impulsado por el Gobierno del PP, «anuló la vocación universal del derecho de protección a la salud». «Para revertir esta situación se hizo con carácter de urgencia el Decreto 7/2018. ¿Es suficiente? Entendemos que no», ha reflexionado.

En este sentido, se ha marcado varios retos, además de mejorar el acceso a la asistencia sanitaria a todos los colectivos. «Hablar de universalidad real es algo mucho más complejo. Se trata de agudizar la vista y analizar otro tipo de barreras que hacen que el derecho a la salud no sea el mismo en los distintos colectivos. Si algo nos ha enseñado la pandemia es a poner de manifiesto situaciones de extrema vulnerabilidad que se traducen en que el derecho a la salud, de acceder incluso a medidas de prevención, no es el mismo», ha esgrimido.

Así, ha apuntado al nuevo anteproyecto de ley como solución a estos aspectos. «Estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando desde el ámbito de la salud, que va más allá del sistema sanitario. Ayer terminó el periodo de consulta pública del anteproyecto, que consideramos clave para la equidad, universalidad y cohesión del SNS. Vendrá a garantizar la homogeneidad, ampliará derechos de la población que actualmente no está incluida y evitará las barreras en el acceso, como el copago sanitario», ha explicado.

En este sentido, la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, ha argumentado que el propósito del Decreto 7/2018 era «recuperar los derechos arrebatados». «Llevamos tiempo trabajando con las CCAA para homogeneizar la aplicación de lo que se establece en el Decreto, con el espíritu de que este anteproyecto de ley en trámite pueda no solo resolver los casos indeseados de exclusión, no previstos por el Gobierno, sino dar pasos más allá», ha añadido.

La representante de Sanidad ha defendido que el Decreto impulsado en 2018 recuperó el concepto de «residencia» frente al de asegurado, para acceder a la atención sanitaria. «Los pasos que tenemos trazados en el programa de Gobierno van más allá, no solo para que no se produzcan casos de exclusión, sino para ampliar la cobertura a otros colectivos que actualmente no la disponen», ha resaltado.

La actual norma exige a los extranjeros haber residido en España al menos 90 días para tener acceso a la asistencia. Lacruz ha avanzado que están trabajando con las comunidades autónomas para reducir este período de tiempo: «Esperamos que en breve podamos consensuar las recomendaciones para tener un marco menor de 90 días. Así, todas aquellas interpretaciones erróneas puedan tener una solución en el marco de la aplicación de la norma actual. En la transición hasta que se apruebe la nueva ley, que es un procedimiento que lleva su tiempo, tenemos que dar pasos para garantizar la homogeneidad y que los casos que no deberían ocurrir no ocurran».

El doctor Javier Padilla, médico de familia y comunidad, ha explicado cuál es la situación de España en estos momentos con relación a la exclusión sanitaria. «Tuvimos solo ocho meses de cobertura sanitaria universal real en España, que se vieron truncados por el Decreto 16/2012. Excluyó del derecho de asistencia sanitaria a mucha gente, especialmente a migrantes indocumentados», ha denunciado.

Sin embargo, también ha señalado las deficiencias de la norma aprobada por el Gobierno de Sánchez al llegar al poder. «El Decreto 7/2018 fue insuficiente. Se aceptó que iba a ser pasado como ley para que se hicieran las enmiendas necesarias que lo mejoraran pero no fue así. Todos los colectivos apuntaban que iba a generar problemas de cobertura con gente que no tenía problemas con el Decreto anterior, y así ha sido», ha criticado.

Padilla espera que el nuevo anteproyecto de ley sea un «marco de oportunidad» para mejorar la norma. «Parece la oportunidad perfecta para que pueda llevarse a cabo. La pandemia también puede actuar como catalizador. No puede darse por clausurada la pandemia sin que hayamos conseguido lograr una reforma de la cobertura sanitaria que no excluya a nadie», ha remachado.