Galicia se ha situado en 2019 como la segunda comunidad autónoma que menos invirtió en dependencia en relación a su población, con un gasto de 142 euros por habitante, según la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Los datos aportados por esta entidad también revelan que la gallega es el territorio que mayor porcentaje de inversión recibió por parte del Estado.

Concretamente, según los datos aportados por esta asociación, el gasto público certificado en dependencia ascendió, en 2019, 382,6 millones, una cálculo en el que no se detrae la aportación de los usuarios –copago en servicios–, que se calcula para el conjunto del Estado en un 20,07 por ciento.

De este total, 288 millones se corresponde con la comunidad gallega y 94,5 millones con el mínimo de aportación de la Administración del Estado, de forma que la Xunta se hizo cargo del 75,3 por ciento y el Estado del 24,7 por ciento, lo que sitúa a Galicia como la comunidad que más percibió, en términos porcentuales, del Estado, por delante de Castilla y León, con un 21,9 por ciento.

PROMEDIO POR HABITANTE

Otro dato facilitado por los gerentes es que el gasto promedio por dependiente atendido en 2019, fue de 7.948 euros al año de los cuales, la Administración central aportó solo 1.276 euros en concepto de nivel mínimo garantizado, de lo que se deduce que financia con 106 euros al mes por cada persona beneficiaria de la ley.

En el caso de Galicia, son 142 euros por habitante, de manera que es la segunda que menos invierte en relación a la población, solo por delante de Canarias, que gasta 95 euros.

Por el contrario, las comunidades que más invierten por habitante y año han sido País Vasco (368 euros), Extremadura (286 euros) y Castilla y León (261 euros).

Las que más incrementaron el presupuesto en el último año fueron Baleares (+32%), Comunidad Valenciana (18%) y Canarias (16%). Solamente el Principado de Asturias redujo el presupuesto en el último año, y Extremadura (1,6 %) y Cataluña (2,2%) fueron las Comunidades que menos lo aumentaron; mientras que Galicia lo subió un 5,6%, por debajo de la media nacional del 6,9% y situándose como la octava en el ránking con menor subida –incluyendo el Principado).

«EL VALOR MÁS BAJO»

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha alertado de la reducción de la financiación estatal del sistema de dependencia, que es en la actualidad «el valor más bajo de la historia» y de la acusada desigualdad territorial.

La asociación sostiene que, según las certificaciones anuales de las comunidades autónomas en 2019 la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.607 millones, de los cuales las comunidades autónomas financiaron el 83,9 por ciento y la aportación estatal «se ha reducido en el 16,1 por ciento, el porcentaje más bajo desde el inicio de la ley, con 1.386 millones de euros».

Los directores y gerentes aseguran que la financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 y ve «obvio» que «independientemente de la inestabilidad política alguien ha considerado otras prioridades».

Los gerentes de servicios sociales consideran, a tenor de estos datos, que existe una imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de 234.000 personas ya valoradas como dependientes y con otras 147.000personas pendientes de valoración.

«SISTEMA EN RETROCESO»

«El sistema se encuentra en retroceso y la lista de espera baja por los 43.275 fallecidos en las listas de espera de la dependencia en este año y existen 27.116 fallecidos en el ‘limbo de la dependencia’, personas que tenían derecho a recibir una prestación y fallecieron sin recibirla y 16.159 que murieron a la espera de ser valorados», consideran.

La financiación de la dependencia se recortó por la vía de un Decreto-ley en 2012 con el gobierno de Mariano Rajoy, según recuerdan los gerentes, apelando a circunstancias de «extraordinaria y urgente necesidad». En su opinión, «la aparente imposibilidad de atender a las personas más vulnerables está generando una situación tan cruel como la que provocó aquel decreto».

Los directores de servicios sociales lamentan que «toque otra vez conformarse con el anuncio del incremento presupuestario de 600 millones de euros para el próximo año».

Además, la asociación vaticina que el anuncio implicará –con el actual contexto de atenciones de muy baja intensidad– un incremento del gasto público anual que, en justicia, deberían ser aportados íntegramente por la Administración General del Estado para llegar así a una aportación global del 22 por ciento de la financiación pública, muy lejos aún del 50 por ciento previsto.

GENERARÍA PUESTOS DE TRABAJO

«Se debería considerar que esa inversión generaría 25.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 240 millones de euros sin contar con los retornos inducidos», precisan.

Hasta entonces, lamentan, «a los atendidos insuficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún valorados, no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta ahora, discretamente y en silencio».