La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Comisiones Obreras (CCOO) se han mostrado críticos con la reforma universitaria que prepara el Gobierno porque, a su juicio, no resuelve la «precariedad» de los docentes e investigadores de la universidad.

«No introduce medidas para acabar con la precariedad de los docentes e investigadores laborales, que suman más de la mitad de la plantilla en las universidades públicas españolas», ha manifestado CSIF, tras una reunión con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.

Según ha explicado el sindicato, también ha rechazado que el Ejecutivo apueste por «laboralizar la plantilla del Personal Docente e Investigador (PDI) frente a la disminución de los cuerpos docentes universitarios». «Se prevé, por ejemplo, que los Titulares y Catedráticos puedan ser personal laboral», ha manifestado.

Para CSIF, «esto ni ocurre en el resto del sistema educativo español ni en universidades de referencia como las alemanas, en donde todos los profesores universitarios son funcionarios».

«Corremos el riesgo de que con la excusa de una mayor flexibilidad se pueda contratar a docentes con menos garantías o que aparezcan retribuciones moduladas de manera arbitraria por rectores o consejeros autonómicos», ha alertado. Finalmente, CSIF ha criticado que el Ministerio «no introduce ni una medida que mejore las condiciones laborales de los profesores asociados.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO, han alertado sobre el «modelo neoliberal y utilitario» que, a su juicio, se desprende del Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en relación con el Estatuto del Personal Docente e Investigador.

CCOO ha denunciado que el segundo borrador, discutido este jueves con la representación de los trabajadores, «considera aceptable una temporalidad en el profesorado de hasta el 40% del total de la plantilla –en equivalencia a tiempo completo–, enquistando el gran problema actual de la Universidad».

«Si contabilizamos también los puestos a tiempo parcial, este porcentaje podría ser más elevado. Además, el número final podría ser aun mayor, puesto que no se ha tenido en cuenta el 16,5% del total de profesores contratados constituido por los Profesores Asociados de Ciencias de la Salud (según datos que el propio Ministerio publica en el Informe de Cifras y Datos del Sistema Universitario Español para el curso académico 2019-2020)», ha argumentado.

«AL SERVICIO DE LOS INTERESES DEL CAPITAL»

En opinión del sindicato, la segunda versión del anteproyecto, que «no ha tenido en cuenta las propuestas de CCOO, empeora la primera, ya de por sí muy cuestionable, y, junto a un modelo de figuras del profesorado que dificulta la carrera académica y la estabilidad en el empleo, esboza un concepto de Universidad al servicio de los intereses del capital».

«El texto incide en su carácter utilitarista en favor de la empresa privada, relegando a un segundo plano el conocimiento, la reflexión, el pensamiento crítico y el fortalecimiento de las materias que en cada titulación oficial, ya sea Grado, Máster o Doctorado, son vitales para garantizar la formación superior de calidad», ha insistido.

En este sentido, CCOO ha afirmado que «no puede aceptar la idea de que la Universidad se convierta en una institución dedicada a enseñar un conjunto de técnicas que ciertas empresas puedan requerir en un momento puntual, ya que estas necesidades coyunturales son cambiantes en el tiempo y, por ello, corren el riesgo de convertirse en prescindibles».

De este modo, reclama un Plan Integral de Modernización de la Universidad Pública Española, que sea susceptible de financiación por los fondos europeos para la reconstrucción de la Universidad pública tras la pandemia del Covid-19.

Este Plan Integral debe contemplar el desarrollo de una carrera profesional «realista, dignificada y estable»; el establecimiento de planes de estabilización y promoción para «eliminar la insostenible precariedad de la universidad pública española»; la elaboración de planes de contingencia para la incorporación de jóvenes científicas y científicos.

También debe incluir la reforma de los modelos de acreditación y de la estructura y funciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y el impulso real de planes y medidas de igualdad.

Por su parte, el Ministerio de Universidades se mostraba satisfecho por los avances producidos en el diálogo con los sindicatos en relación con el nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades.

«Salimos contentos porque vamos avanzando en el proceso de diálogo, con sindicatos y otros actores, con los que nos estamos reuniendo, de la comunidad universitaria», aseguraba la directora de Gabinete del ministro, Marta Cruells, tras una reunión con representantes de la organizaciones sindicales.

En concreto, Cruells explicaba que el Ministerio de Universidades coincide con los sindicatos «en el diagnóstico», en la necesidad «rejuvenecer las plantillas del personal docente e investigador de la universidad, de desprecarizar también muchas de las figuras laborales que han sufrido una precariedad importante».

«Estamos avanzando en el diálogo en esta dirección y esperamos seguir avanzando», manifestaba, para después anunciar que habrá nuevas reuniones en las próximas semanas. «Esperamos tener finalmente un estatuto en positivo para el conjunto de la comunidad universitaria», zanjaba.