Las primera reacción de los sindicatos de profesorado gallego ante las medidas acordadas este jueves entre el Gobierno central y las comunidades autónomas es de pleno escepticismo, sobre todo ante la falta de mención alguna a una hipotética reducción de alumnos por aula o a un refuerzo de los cuadros docentes para poder realizar los desdobles necesarios para cumplir con las distancias y las directrices de seguridad frente a la COVID-19.

En declaraciones a Europa Press, Suso Bermello, de la CIG-Ensino, ha insistido en esta cuestión teniendo en cuenta que el protocolo de mínimos abordado sí hace referencia a un distanciamiento de metro y medio, y que «no casa de ninguna manera» con el metro entre cabezas dispuesto por la Consellería de Educación en los centros y que es «el principal punto de conflicto» en la actualidad.

«Es una diferencia muy apreciable», ha advertido, puesto que su aplicación implicaría de facto «cambios» en la disposición de aulas y de personal, puesto que ni las clases actuales ni las adjudicaciones de destino están pensadas «con el criterio del metro y medio» y, «sin lugar a dudas, habría que incrementar profesorado».

Es por ello que desde la CIG se temen «un nuevo engaño», y que esta directriz termine ninguneada «por completo» en el protocolo actualizado que preparara el Gobierno autonómico, después de que el Ministerio finalmente «se rinda» tanto al escaso presupuesto destinado a las comunidades y al «desinterés para reducir la ratio» por parte de algunos Ejecutivos.

PREOCUPACIÓN

Otro de los aspectos que se echan en falta es la atención a las particularidades, sobre todo en el caso del uso de mascarilla, puesto que no es lo mismo el tipo de aprendizaje que se realiza en una materia como matemáticas, en un aprendizaje de idiomas, en un conservatorio o en al atención a jóvenes con necesidades específicas de apoyo.

Desde ANPE Galicia tienen una visión «dispar» de los documentos acordados, puesto que aunque se recogen propuestas positivas como el uso de mascarilla o los grupos burbuja, entre otras, se han mostrado «preocupados» con la poca claridad de otras cuestiones, como la permanencia en las aulas del grupo de alumnos mientras no se certifica un positivo o la cobertura al profesorado de riesgo que tendrá que ir igualmente a los centros y los estudiantes de educación especial.

En todo caso, han trasladado una «una clara disconformidad y una cierta decepción» en la falta de las medidas más urgentes. «Nada de lo que importa ha quedado definido: aumento de profesorado, disminución de ratios, cobertura de bajas, medidas para el profesorado de riesgo…»

«Estaremos vigilantes y no descartaremos ejercer medidas de presión y legales que garanticen la seguridad de nuestros alumnos y la nuestra», ha censurado.

Asimismo, FeSP-UGT exige de nuevo la apertura de una mesa «urgente» de negociación entre la Xunta y las organizaciones sindicales para garantizar la seguridad del inicio del curso escolar y advierte de que «todavía no se han tomado las medidas adecuadas a las recomendaciones de las autoridades sanitarias».

Entre ellas, insisten en la necesaria adecuación y reducción de la ratio y la dotación de profesores, además de instrucciones para el personal de riesgo o la adscripción de personal sanitario a todos los centros, entre otras.

Los sindicatos gallegos se reunirán este viernes para analizar las medidas y acciones que tomarán en las próximas jornadas, entre las que no se descartan movilizaciones.

CRITICAS EN EL ESTADO

El sentido de las críticas también se reproducen en el ámbito estatal. El presidente de ANPE, Nicolás Fernández, ha «echado en falta» el protocolo relacionado con «medidas organizativas y académicas» de los centros que, a su juicio, son igualmente necesarias para el inicio del curso.

Así, ha lamentado que Gobierno y autonomías no hayan definido ratios para las aulas, un hecho que también debería conllevar una planificación de desdobles de grupos y horarios, así como un incremento de la plantilla docente de los colegios.

Este tema es también el que más preocupa al sindicato STES. Tal y como ha señalado su portavoz, José Ramón Merino, en Italia, con un número similar de alumnos, se ha contratado a 150.000 nuevos profesores, 100.000 de forma permanente y otros 50.000 en previsión de que se puedan necesitar a lo largo del curso. En España, apunta Merino, la contratación no llega a 25.000.

Para STES el acuerdo de este jueves es una «nueva ocasión perdida» y las medidas le parecen más «una declaración de buenas intenciones» que deja la Educación «al azar de que la evolución de la pandemia» según avance el curso, sea positiva.

DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

En este sentido, critican que medidas que, en principio, son novedad, no sean del todo concluyentes en el acuerdo, como la toma de temperatura. A su juicio, debería haberse determinado que se toma a la llegada al colegio, y no dejarla en manos de las autonomías, por si prefieren que sean los padres en casa quienes lo comprueben. «Se confía en que las familias lo hagan», ha criticado.

Del mismo modo, consideran necesario que se entable comunicación con la comunidad educativa para mejorar la puesta en marcha del nuevo curso, algo que, según ha indicado, sólo se ha hecho en la Comunidad Valenciana.

Esta situación de falta de comunicación, explica Merino, es lo que ha provocado que el curso 2020/2021 empiece con convocatoria de huelga, tanto a nivel nacional, como autonómico. «Es un panorama desolador», ha declarado a Europa Press.

UGT, por su parte, ha destacado algunas medida anunciadas por el Ejecutivo, pero ha lamentado que la presencialidad se circunscriba solamente hasta 2º de la ESO. A su juicio, los protocolos de actuación deben aplicarse, «a todas las etapas y niveles de la enseñanza de niveles no universitarios». «Lamentamos que no haya habido un acuerdo que posibilite la presencialidad al 100%», explica.

UN ACUERDO MAYOR EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

El sindicato coincide en la necesidad de que se acuerde una bajada de las ratios y un aumento de las plantillas de los centros educativos, así como la habilitación de espacios que permitan desdoblar grupos y por tanto, «una mayor inversión educativa».

En este sentido apuestan por que las comunidades autónomas también incrementen las partidas destinadas a Educación y que, de los fondos provenientes de la UE, se destine presupuesto para reforzar el sistema educativo español.

Con respecto a la figura referente del Covid19 en los centros, UGT reclama que sea personal sanitario y considera «deseable» que en los próximos días y antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes, «se trabajase en estos temas y los posibles acuerdos se extendieran más allá de ámbito sanitario».

Del mismo modo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha advertido de que las medidas acordadas para la ‘vuelta al cole’ no funcionarán si no se contrata a personal sanitario en los centros y se refuerza el número de docentes.

«Conociendo la realidad de los centros, subrayamos que con la actual ratio de alumnos por aula y sin medios sanitarios específicos la aplicación de estas actuaciones será muy difícil», explican.

CSIF ha criticado, que se tomen medidas sin tener en cuenta que el profesorado no cuenta con conocimientos sanitarios tan específicos y es necesario que antes de manejar estos equipos de protección sepan cómo utilizarlos con plenas garantías y que no se aclare dónde irán los 2.000 millones de euros anunciados en junio como Fondo Covid19 para la Educación.