Empresas del sector gallego de la automoción han comunicado su intención de arrancar las negociaciones precisas para aplicar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ordinarios tras el levantamiento del estado de alarma y que se espera que permanezcan vigentes hasta final de año.
En declaraciones a Europa Press, fuentes de Comisiones Obreras (CC.OO.) han detallado que esta medida busca ajustar la producción de las fábricas a la demanda de automóviles, que se espera que registre un descenso importante debido a la crisis sanitaria que ha tenido lugar a nivel mundial.
Así, un portavoz del sindicato ha valorado la «flexibilidad» que ofrece la utilización de estas herramientas a las empresas, ya que les permite «adaptar sus necesidades productivas sin acometer despidos». Además, con el objetivo de agilizar las negociaciones, CC.OO. ha abogado por que las condiciones acordadas para la tramitación de ERTE por fuerza mayor, a los que se ha acogido la práctica totalidad del sector en Galicia, se extiendan a los ordinarios.
Fuentes de la Confederación Intersindical Galega (CIG) han explicado que el anuncio de que las plantas de PSA, incluida la factoría de Vigo, permanecerán cerradas hasta que no se reactive el mercado de ventas han motivado la adopción de estas medidas.
APLICACIÓN DE ERTE
Precisamente, la planta viguesa de este grupo acordó con los sindicatos SIT (mayoritario en el comité de empresa) y UGT la aplicación de un ERTE hasta final de año una vez que se reanude la producción y se levante el estado de alarma.
Además, Plastic Omnium espera constituir este lunes una mesa para negociar un expediente ordinario que busca aplicar de modo rotativo a sus empleados hasta finales de 2020. Las plantas gallegas de Denso, Grupo Copo, Borgwarner, Magna International y Benteler, radicadas en el área de Vigo, han iniciado asimismo el procedimiento, que se espera que en los próximos días comiencen el resto de fábricas del sector.
Ante esta perspectiva, una portavoz de la CIG ha advertido de que este sindicato «no firmará» expedientes de empresas cuya tramitación conlleve que la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores «merme».