Galicia registró en 2019 el menor número de ejecuciones hipotecarias desde antes del inicio de la crisis económica, aunque los lanzamientos aumentaron el pasado año un 32,9 por ciento, según los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así, en 2019 se presentaron 758 demandas de ejecución hipotecaria, lo que supone la cifra más baja de los últimos doce años, pues solo en 2007, año previo al estallido de la crisis económica, se llegó a un número inferior (701).

De este modo, los procedimientos de ejecución hipotecarias tramitados en los juzgados gallegos descendieron un 42,7 por ciento respecto al año anterior, seis puntos por encima de la media del Estado, que cerró 2019 con un 36,5 por ciento menos de ejecuciones.

Por contra, los juzgados de la comunidad practicaron el año pasado un total de 2.271 lanzamientos, un 32,9 por ciento más que en 2018. De ellos, casi el 80% (1.800 lanzamientos) fueron por impago de alquiler y en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Además, 396 correspondieron a ejecuciones hipotecarias y los 75 restantes estuvieron relacionados con otras causas, según refleja el estudio ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ elaborado por el CGPJ.

Con todo, 2019 fue junto con 2018 (en el que tuvo lugar la huelga de los funcionarios de justicia que paralizó durante dos meses los juzgados gallegos) el año en que menos lanzamientos se contabilizaron desde 2013, cuando comenzaron a elaborarse estos informes.

OCUPACIÓN ILEGAL

Asimismo, el estudio del CGPJ también señala que ingresaron en los juzgados gallegos 145 demandas (101 fueron resueltos) por ocupación ilegal de viviendas propiedad de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

Por otra parte, 2019 terminó con 319 concursos presentados en los juzgados de lo mercantil, lo que supone un 24,1 por ciento más que el ejercicio anterior.

En cuanto a los concursos de personas naturales no empresariales (desde octubre de 2015 corresponden a los juzgados de primera instancia e instrucción) se presentaron 227 casos, el doble de los registrados en 2018.

Además, se contabilizaron 37 expedientes (12,1% más) de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo –artículo 64 de la Ley Concursal– en 2019, año en el que se interpusieron 5.628 demandas por despido en los juzgados de lo social (11% más).

Por último, los procedimientos monitorios presentados el pasado año se elevaron a 39.040 frente a los 30.585 de 2018, por lo que la subida interanual fue del 27,6%.