La Xunta apela al Gobierno central a mantener una postura de «unidad» para «visibilizar» España y Galicia como «una auténtica potencia agraria» para evitar «recortes» y conseguir «unas partidas justas» en la negociación de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) que se desarrollan en la Unión Europea.

Fuentes de la Consellería do Medio Rural apelan a «ser cautos» antes de «hablar de pérdida de fondos», ya que las negociaciones se encuentran en plena fase de negociación. En este contexto, la Xunta asegura que, en el marco de la «lealtad institucional» con el Estado, defenderá «los intereses» de agricultores y ganaderos.

«Consideramos que es el momento de que el Ministerio de Agricultura se haga fuerte en Europa y la Xunta lo apoyará con argumentos sólidos, firmes y claros en la defensa de nuestros ganaderos, agricultores y silvicultores», señalan fuentes del Ejecutivo autonómico.

En este sentido, y tras subrayar que la Xunta «ve con preocupación» que la nueva configuración de los fondos de la PAC deparen una caída para el rural gallego, el Ejecutivo autonómico manifiesta su postura de que es preciso alcanzar un «equilibrio» entre «una PAC común a nivel de la Unión Europea y el reconocimiento de las peculiaridades de cada territorio, en este caso Galicia».

Entre las medidas defendidas por la Xunta y que fueron consensuadas con el sector, reclaman la potenciación del papel de la mujer en el medio rural, dado que Galicia presenta un mayor número de titulares mujeres en las explotaciones; así como medidas que favorezcan el relevo generacional en el medio rural.

Por otra parte, apelan a «aprovechar el paraguas» de los ‘eco-esquemas’ creados en la nueva PAC como vía para avanzar hacia un sistema agrario «más sostenible».

ORIENTACIÓN GANADERA

Además, la Xunta reivindica una PAC «con una orientación ganadera» que contemple el pequeño tamaño de las explotaciones como una de las características del territorio. En este sentido, piden que también se tenga en cuenta que las unidades de producción en Galicia suelen estar localizadas en zonas de montaña o con limitaciones naturales, lo que «condiciona su productividad y limitan su rentabilidad».

Por último, fuentes de Medio Rural subrayan la necesidad de establecer un tope máximo por explotación de 60.000 euros para así «beneficiar a las pequeñas explotaciones», algo que, dicen, no se produce con el límite de 100.000 euros por ayuda aprobado en la actualidad.