La Rede Contra a Minaría Destrutiva na Galiza, ContraMINAcción, acusa a la Dirección Xeral de Enerxía e Minas de remitir informes con «información falsa» a diversos órganos de la ONU y al Parlamento Europeo sobre el origen y el estado de la mina de San Finx, en el ayuntamiento coruñés de Lousame.

La plataforma ha denunciado este jueves en un comunicado que el informe remitido a la ONU por la Xunta de Galicia en 2018 asegura el «irrefutable carácter y concepción hidroeléctrica de la presa de hormigón mayor» de la mina de San Finx.

Sin embargo, ContraMINAcción asegura que esta información es falsa y que en 1928 y 1939 las concesionarias mineras construyeron sobre el cauce del río «dos presas de decantación de lodos mineros» para este.

Además, un documento de Augas de Galicia –institución también dependiente de la Xunta– de abril de 2019 concluye que «la gestión, explotación y mantenimiento de dos presas era realizada por la empresa minera» y que «el uso de estas balsas fue de tipo minero y non para almacenamiento de agua». Así, refutan la afirmación hecha por Minas.

El mismo informe de Aguas de Galicia continúa asegurando que «debería considerarse la demolición» de las presas y «proceder a la restauración ambiental de la zona afectada».

ORIGEN DE LOS METALES PESADOS

ContraMINAcción se basa en este documento para asegurar que la Xunta ha mentido y que era y es conocedora de la «situación de contaminación» pero que, en lugar de «reconocerla», la «niega» y achaca los altos niveles de metales en estas presas a causas «naturales» del suelo.

En este sentido, Minas se basó en un estudio firmado por el profesor de la Universidade de Santiago de Compostela Felipe Macías para confirmar que «el fondo natural de metales» en la presa impediría cumplir con los niveles legales de substancias peligrosas prioritarias.

Esta postura la niegan los ecologistas, que utilizan un informe de la Universidade de A Coruña en el que se «evidencia que la contaminación por metales pesados se produce como consecuencia de los vertidos procedentes de la explotación minera» y no por la propia naturaleza del suelo.

Las afirmaciones de ContraMINAcción se dan en un contexto en el que está abierto un proceso judicial por un posible delito de prevaricación ambiental en esta mina. De hecho, el director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, está llamado a declarar en este caso por el juzgado de instrucción número 2 de Noia.