La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este miércoles que en 2020 ya no es posible aprobar la liquidación definitiva del IVA de las comunidades autónomas de 2017, pero sí se mostró dispuesta a estudiar «medidas paliativas» en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocado para este viernes.
Montero, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha señalado que es un «tema heredado» del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que el Gobierno trató de corregirlo en los Presupuestos de 2019, que el PP «tumbó» a pesar de que ahora «exigen arreglarlo».
«En 2020 no es posible acometerlo, lo cual no quita que tomemos medidas paliativas», ha apuntado la ministra, que se ha quejado de que cuando «se perpetran los hechos», nadie dice nada y cuando se intenta arreglar es cuando se plantean las exigencias. «Hemos intentado arreglarlo en 2019 y tumbaron los Presupuestos, no puede ser que el PP exija una cosa y tumbe lo que permite arreglarlo», ha añadido.
Preguntada por las «amenazas» de algunas comunidades gobernadas por el PSOE como Aragón o Castilla-La Mancha de acudir a los tribunales si el Gobierno no reparte los 2.500 millones de euros del IVA de 2017, Montero ha señalado que es «una roca para las amenazas» y que el Ministerio de Hacienda «no puede responder a base de amenazas», sino con criterios «justos» y que permitan asegurar que todas las comunidades tienen el mismo trato.
«No me siento amenazada con la carta», ha afirmado la ministra, en referencia a la misiva que este martes envió el presidente de Aragón, Javier Lambán, dando al Ministerio de Hacienda un plazo de 15 días para solucionar este tema y el anuncio de «acciones legales» en caso de no realizarse el pago en este tiempo. «Cada uno expresa su opinión como quiere (…) y las comunidades tienen derecho a acudir a donde quieran», ha precisado.
En el caso de Galicia la Xunta ya anunció la semana pasada que agotará todas las posibilidades en el ámbito judicial y llevará a los tribunales al Ejecutivo que dirige el socialista Pedro Sánchez con el fin de que pague la deuda de 200 millones derivada de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017.
