La bodega de la familia del conselleiro de Emprego, José González, alega que la Inspección de Trabajo le impuso la sanción mínima, de 10.001 euros por trabajador, tras detectar a tres temporeros realizando la vendimia de 2025 en sus viñas de manera irregular.

En un comunicado colgado por Casal de Armán en su perfil de la red social Instagram, la filial del grupo Viña Campinas S.L., que habla de una «campaña promovida con el ánimo de» desprestigiarla, subraya que «no contrató para ninguna tarea, promovió ni consintió conscientemente la incorporación de personas en situación administrativa irregular».

Indica que en su momento «presentó una denuncia para que se investigase lo sucedido un día durante la vendimia del año pasado, en línea con la voluntad de la empresa de esclarecer estos hechos y colaborar con las autoridades».

En este sentido, relata lo ocurrido en la vendimia de 2025, cuando recurrió, «como se hace habitualmente en el sector, a empresas de trabajo temporal (ETT) y a empresas especializadas en servicios agrícolas».

«Como parte de su procedimiento habitual, Viña Campinas exige previamente a las ETT la relación nominal de los trabajadores que van a prestar servicios en los viñedos que gestiona, así como la acreditación documental de su contratación y alta en la Seguridad Social», afirma.

El 9 de septiembre de 2025, según señala, durante una actuación de Inspección de Trabajo «se comprobó que tres de las personas incorporadas a través de ETT y presentes en la viña no coincidían con las identidades previamente comunicadas por la empresa de trabajo temporal», expone.

Y añade que «en uno de los casos, la propia acta recoge que una de estas tres personas incluso llegó a identificarse utilizando la identidad y la documentación de un trabajador que no era él y sí figuraba correctamente contratado y dado de alta en la relación nominal comunicada previamente por la ETT».

«Viña Campinas no tenía conocimiento de esta situación y, en cuanto fue detectada, la comunico a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante denuncia por un presunto delito de suplantación de identidad», resalta.

El comunicado continúa explicando que «como consecuencia de estos hechos, sin embargo, la Inspección consideró, según resolución del 11 de febrero de 2026, que Viña Campinas había incurrido en responsabilidad por presencia de estas personas en el viñedo».

«El expediente solo sanciona administrativamente la ocupación de trabajadores extranjeros sin autorización verbo de una deficiencia en el control de identidad. No imputa, por tanto, conducta de explotación laboral alguna», incide.

«MEJORÓ SU MANERA DE OPERAR»

La compañía hace referencia a que fueron «dirimidas en términos jurídicos unas responsabilidades de atribución» a su juicio «inicialmente no claras» y agrega que después «asumió la sanción y no solo eso».

«También mejoró su manera de operar, reforzó inmediatamente sus procedimientos internos, incorporando un contraste presencial final de la identidad de los trabajadores con la documentación previamente recibida de la ETT, para evitar que una situación semejante pudiera repetirse», afirma.

Y valora que «la propia inspección aplicó la sanción administrativa en el grado mínimo y en la cuantía legal más baja (10.001 euros por trabajador en un abanico de 10.001 a 100.000), haciendo constar expresamente que no concurrían circunstancias agravantes».

Según la empresa, «el acta también deja constancia de que todos los trabajadores contratados directamente por Viña Campinas S.L. y que se encontraban en la viña en el momento de la inspección estaban correctamente dados de alta en la Seguridad Social».

«ABUSO»

Por su parte, la CIG, a través de una de sus federaciones de Ourense, denuncia este jueves el «abuso» en la contratación de migrantes a través de ETT por «las principales empresas del sector del vino».

En un comunicado, critica que tanto el conselleiro como la compañía «pretenden trasladar la idea de que lo acontecido es algo puntual, cuando lo cierto es que la falta de control en la contratación propiciada por el convenio colectivo fomenta un ecosistema de explotación laboral, con abuso en la subcontratación, exceso de horas extraordinarias y falta de descanso semanal».

La central nacionalista añade que puso esta situación en conocimiento de la Inspección de Trabajo el año pasado y «pese a que la autoridad laboral emitió un requerimiento para que las empresas terminasen con estas ilegalidades, las prácticas continuaron en la vendimia de este año».

Por ello, la organización informa de que presentó denuncia de nuevo en la Inspección el pasado día 14. «El conselleiro es conocedor de lo que ocurre en el sector, tanto por su actividad como por su vínculo familiar con la industria vitivinícola de la comarca de O Ribeiro, por lo que una sanción administrativa no lo exime de su responsabilidad como máximo representante de la Xunta en materia de empleo», advierte el secretario comarcal de la FGAMT-CIG de Ourense, Rubén Requeixo.