La Coalición Republicana de Uruguay, que agrupa a los principales partidos de la oposición en el país sudamericano, ha anunciado en las últimas horas que denunciará penalmente a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, «por un presunto delito de abuso innominado de funciones» en la gestión del llamado caso Cardama (la rescisión de un contrato para dos patrulleras con el astillero vigués Cardama por supuestos «indicios de estafa»), según han informado la Agencia Uruguaya de Noticias y otros medios locales.

Así, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, anunció en las últimas horas la interposición de esta denuncia, alegando que, al contrario que lo sostenido por el actual Gobierno de Uruguay, las principales irregularidades de este caso se produjeron a partir de marzo de 2025, con llegada del actual Ejecutivo.

En su comparecencia, aseguró que «quedó demostrado» que en mayo de ese año, meses antes de anunciar la rescisión, ya estaba «tomada la decisión» de acabar con el contrato y, aún así, «en junio se pagaron 12 millones de euros y se siguió adelante».

La oposición también ha acusado al Gobierno de omitir controles y tareas de seguimiento sobre la construcción de las patrulleras, y de seguir cumpliendo obligaciones financieras tras haber decidido que se rescindiera el contrato.

Al respecto, han apuntado directamente a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por encargar a «personas extrañas al Ministerio» que intervinieran en la realización de pesquisas y obtuvieran «información que era confidencial y reservada», entre otras irregularidades.

En su comparecencia, miembros de la Coalición Republicana defendieron el proceso de contratación de las patrulleras (realizado por el gobierno anterior, de Luis Lacalle) y cuestionaron la rescisión de dicho contrato, hablando de una decisión política con «mala fe».

Por parte del Frente Amplio, también en las últimas horas se presentaron las conclusiones de sus miembros en la comisión investigadora creada en el Parlamento uruguayo sobre esta polémica. Así, el partido del Gobierno se reafirmó en que hubo irregularidades por parte del Ejecutivo anterior y responsabilizó también al propio astillero.

Según recoge la Agencia Uruguaya de Noticias, el diputado Joaquín Garlo, afirmó que la investigación permitió detectar irregularidades «graves», como el uso de «documentación falsa» para constituir las garantías, otorgamiento de prórrogas sin registros, y pagos sin documentación original. «Cardama, sin lugar a dudas, es el principal responsable de todo este proceso, pero los hechos consumados por Cardama no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos», añadió.