El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado este martes que desde el Ministerio están trabajando para que la reforma del registro horario esté culminada para antes del verano.

Siguiendo las afirmaciones de la ministra, Yolanda Díaz, Pérez Rey ha señalado que están realizando todos los trámites para que la norma gane seguridad jurídica después del dictamen desfavorable del Consejo de Estado y así poder, «a la mayor brevedad posible», darle luz verde definitiva en el Consejo de Ministros.

Durante la rueda de prensa de valoración de los datos del paro y la afiliación, Pérez Rey ha señalado que la intención «clave» de esta reforma es «luchar contra esa lacra» de las horas extraordinarias impagadas, los excesos de jornada y sus consecuentes inconvenientes en la conciliación.

Con todo, ha declarado que esta reforma del registro horario es «una norma de sentido común», porque «no es posible que en pleno siglo XXI el registro se siga llevando por métodos tan del pleistoceno como registrarlo en un papel».

El secretario de Estado ha indicado, por tanto, que se trata de la reforma «que el mercado de trabajo necesita» y que no es ninguna innovación, porque ya hay registro horario, pero busca que este «sirva para algo» antes los abusos de jornada y que no sea un ‘quitamultas'».

En este punto, ha indicado que la Inspección de Trabajo está haciendo «un enorme trabajo en esta medida», pero que es necesario un registro «digital y fiable», que «no sea manipulable».

Desde Trabajo denuncian que en España se hacen más de 2,8 millones de horas extraordinarias no pagadas cada semana. El proyecto persigue que el registro horario sea digital, objetivo y verificable en tiempo real, que sean los trabajadores los que realicen los apuntes y que se registren todos los tipos de jornada –ordinarias, extraordinarias, flexibles y horas complementarias en el tiempo parcial– para saber si se cumplen los límites y los descansos mínimos.

Esta reforma establece además que no se pueden modificar los apuntes realizados sin el consentimiento de los trabajadores y que cada uno de ellos tenga acceso inmediato a su propio registro, permitiendo además el acceso a los representantes sindicales.