La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que la voluntad del Gobierno es «conocida y favorable» para la exención de cuotas a mariscadoras gallegas ante la mortandad masiva del marisco. «Pero para ello es necesaria una cosa, que la Xunta en sus planes generales de explotación marisquera establezca claramente la suspensión de la producción de bivalvos a pie por estos fenómenos meteorológicos extremos», avisa.

En respuesta a una pregunta de la senadora del BNG Carme da Silva, la ministra remarca que el Ejecutivo central ya mostró su «posición favorable» a la exención de cuotas a mariscadoras, ya que viven una situación «realmente urgente». Ha aprovechado para dirigirse a la derecha y a la ultraderecha para decirles que «el cambio climático existe».

El pasado mes, la directora del Instituto Social de la Marina (ISM), Elena Martínez Carqués, trasladó a las cofradías gallegas el compromiso de exención de cuotas a la Seguridad Social para las mariscadoras que no perciben prestación de cese de actividad ante la afectación para el sector por la mortandad masiva del marisco debido a los temporales de invierno. Explicaba que se incluye en el proyecto de ley de medidas urgentes por daños meteorológicos una preenmienda solicitando la exención en las cotizaciones.

Al respecto, la ministra ha ratificado este martes que apuesta por esa exención «durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida por estas causas», con una actividad marisquera con «colapso productivo sin precedentes». Eso sí, deja claro que es «preciso fijarlo por ley», «no solo voluntad de este Gobierno», por lo que apela a la «mayoría de las Cortes» para que salgan adelante las iniciativas que se están tramitando en el Congreso.

Mientras, Carme da Silva ha alertado de que hay más de 3.000 mariscadoras que están «al límite», por lo que reclama al Gobierno que «no debe actuar como la Xunta», «destrozando intencionadamente al sector tradicional».

«Las mariscadores no pueden esperar más», advierte la senadora del Bloque, por lo que señala que no valen «promesas de preenemiendas sin plazos ni garantías».