Las asociaciones empresariales del sector de transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña han exigido «responsabilidad» de cara a retomar el diálogo y evitar la huelga indefinida convocada a partir del 2 de febrero por las centrales sindicales CIG, CCOO y UGT.
«La solución a los problemas del sector y las demandas laborales no se encontrarán mediante la violencia», señalan al denunciar episodios de este tipo durante los paros anteriores y que las centrales sindiales niegan.
«Sino en la mesa de negociación, con propuestas realistas y responsables», añaden. También argumentan que a lo largo de los dos últimos meses «y no solo en los días de huelga, esa violencia afectó a unos 70 autobuses de empresa de distintas asociaciones, de los que más de la mitad, unos 40, pertenecen a compañías de Transgacar», recoge esta en su comunicado.
Entre otras incidencias, han citado rotura de lunas, pinchazos en ruedas, sabotajes a las baterías, pintado de retrovisores o hurto de llaves, entre otras. Entre otros lugares, alude a Muros, Muxía, Cee, Carballo, A Coruña, A Estrada, Negreira, Bergondo o Ferrol.
Las organizaciones que representan a las empresas del sector sostienen que solo pusieron una condición el día 22 para volver a sentarse a negociar. «Que cesasen los actos de coacción y de violencia y esta condición no se cumplió pues lamentablemente ese mismo día y el siguiente, viernes 23, se reiteraron los daños a los vehículos».
«Y, una vez más, se impidió prestar los servicios mínimos que, por la legislación vigente, son de obligado cumplimiento, agravando así los prejuicios de la huelga a los ciudadanos», añade.
«En concreto, esa misma noche del jueves y viernes robaron las llaves de seis autobuses en Muros, hubo sabotajes en las baterías de dos microbuses en Noia y fueron pinchadas las ruedas de un microbús en Noia y de dos autobuses en Pontevedra». «Esta causa, y no otra, fue la que impidió retomar las negociaciones, y si no se cumple, seguirá a impedirla».
Por este motivo, exigen, para volver a la mesa de negociación, «que las centrales sindicales manifiesten, y así se recoja en el acta que al efecto se levante, que condenan de una forma clara y contundente la violencia y las coacciones que están impidiendo realizar, cuando menos, los servicios mínimos». «Cumplida esta condición, la negociación seguiría abierta hasta lograr un acuerdo», apostillan.

