El Gobierno de España ha lamentado la denuncia del Parlamento Europeo sobre varios elementos del acuerdo UE-Mercosur y confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmará la solidez jurídica del texto, «porque no difiere en estructura ni contenido de otros ya aprobados con terceros países».
«El hecho de pedir una opinión al TJUE sobre competencias y compatibilidad con los Tratados es un procedimiento habitual», han señalado fuentes del Ministerio de Economía.
En cualquier caso, el Ejecutivo español ha señalado que los procedimientos, incluso con la petición de opinión al TJUE, permiten su entrada en vigor provisional en cuanto un estado de Mercosur lo ratifique.
«Seguiremos trabajando con nuestros socios y con Mercosur para mantener el impulso y avanzar en la entrada en vigor de este acuerdo, que es de gran importancia especialmente en estos momentos de inestabilidad geopolítica», ha remarcado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.
CADA MES DE RETRASO EN LA ENTRADA EN VIGOR IMPLICA COSTES RELEVANTES
Según Economía, la entrada en vigor del acuerdo supondría un impulso significativo para las empresas, con más oportunidades de exportación, reducción de barreras y un impacto económico positivo.
El acuerdo suprime más del 90% de aranceles a las exportaciones europeas, lo que ahorrará a las empresas europeas más de 4.000 millones de euros anuales en aranceles.
«Cada mes de retraso en la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur implica costes relevantes para nuestra economía y para la competitividad de nuestros sectores», ha advertido el Ministerio.
Un estudio reciente de ECIPE estima que cada mes de retraso del acuerdo UE-Mercosur durante 2026 supone 4.400 millones de euros de PIB no generado y 3.000 millones de euros en exportaciones perdidas.
