La Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia concentran el grueso de los 65.122 anuncios ilegales sancionados a Airbnb, con una multa de 64 millones por parte del Ministerio de Consumo, la segunda mayor sanción de su historia, por prácticas comerciales desleales como la publicidad de alojamientos sin licencia o con números falsos.

Según los datos a los que ha podido acceder Europa Press, uno de cada tres de estos anuncios se encuentra en la Comunitat Valenciana, con casi 22.000 páginas sin número de registro. Canarias, con 12.486, y Galicia, con 6.897, completan los primeros puestos de esta lista.

Las sanciones por no incluir el número de registro están presentes en todo el territorio del Estado, menos en Madrid, Andalucía y Extremadura. En estos tres casos, la normativa autonómica no recogía la obligatoriedad de incluir un número de registro, por lo que el número de pisos retirados es mucho menor que en el resto de comunidades autónomas y los casos de anuncios retirados se limitan a un número de registro falso.

Todos los casos sancionados son previos a la entrada en vigor de la Ventana Única Digital, una medida que ahora obliga al número de registro en todos los anuncios de alojamientos turísticos en España.

SANCIÓN HISTÓRICA

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a cargo de Pablo Bustinduy, ha impuesto una sanción de 64.055.311 euros a la plataforma de alquiler turístico online Airbnb por la publicación de 65.122 anuncios de viviendas turísticas ilegales en su plataforma.

La multa, que constituye la segunda más alta en la historia del Ministerio, se debe a una infracción grave por prácticas comerciales desleales, siendo la cuantía equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma como consecuencia de las prácticas sancionadas.

Estas prácticas incluyeron la publicación de alojamientos sin el número de registro requerido por las normativas autonómicas (el caso mayoritario, con 59.229 anuncios retirados), con números de licencia o registro falsos o incorrectos (5.769 casos), y omitiendo información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, incurriendo en publicidad engañosa.

La distribución territorial de los anuncios retirados revela que las comunidades autónomas más afectadas son las del arco mediterráneo y las insulares. La Comunitat Valenciana lidera la lista con 21.938 anuncios ilegales, de los cuales 21.807 fueron por no incluir el número de registro.

Le sigue Canarias, con 12.728 anuncios ilegales (12.486 sin registro), y Galicia, con 6.956 casos (6.897 sin registro). La sanción por no incluir el número de registro está presente en todo el territorio del Estado, con la excepción de Madrid, Andalucía y Extremadura, debido a que la normativa autonómica en el periodo analizado (previo a la Ventana Única Digital) no recogía esta obligatoriedad.

En el caso de Andalucía, la comunidad concentró el mayor número de ilícitos por número de registro falso (3.352 casos), mientras que Madrid registró 300 casos en esta misma categoría.

El Ministerio de Consumo localizó en la ciudad de Madrid hasta 15.200 anuncios de pisos turísticos que incumplían la normativa municipal, aunque estos no pudieron ser eliminados en el marco de este expediente ya que se trata de una competencia local.

Las Islas Baleares también figuran con un número significativo, alcanzando los 4.305 ilícitos (4.289 sin registro). Otras comunidades que superaron el millar de anuncios ilegales son Murcia, con 2.709 (2.685 sin registro); Cantabria, con 2.510 (2.486 sin registro); Asturias, con 2.198 (2.136 sin registro); y Cataluña, con 2.258 (803 sin registro).

Por su parte, Castilla y León acumuló 1.583 anuncios ilegales (1.580 sin registro), seguida de Aragón, con 1.369 (1.284 sin registro); Castilla-La Mancha, con 1.261 (1.260 sin registro); y el País Vasco, con 1.127 (1.116 sin registro). Los territorios con menor número de ilícitos sancionados fueron Navarra, con 274 casos (270 sin registro); Madrid, con 300; y La Rioja, con 130.

NOTIFICACIÓN Y MULTA.

El conflicto entre Airbnb y Consumo se remonta a octubre de 2024. «El Ministerio notificó a esta plataforma la existencia de publicidad ilícita relativa a más de 65.000 pisos turísticos», explicó Bustinduy este lunes en una rueda de prensa, pero «ante la inacción [de la compañía], se inició el expediente sancionador en diciembre de 2024». Es decir, la multa llega por la negativa de la empresa a retirar esos anuncios, una vez advertida.

Hasta ahora, esta es la segunda multa más cuantiosa a la que se enfrenta una empresa privada, tras los 107 millones de euros a Ryanair.

Airbnb considera «contraria al marco legal español y europeo» la multa y recuerda que la obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestren el número de registro se incorporó en esta nueva normativa, «por lo que no era aplicable cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas».

«Airbnb tendrá el derecho si lo estima conveniente de recurrir ante la Justicia, pero esta sanción es firme y por tanto la compañía tendrá que pagar esta multa», aseguró.