El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha lamentado que la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, siga viviendo «ciega, sorda y muda» ante la situación que atraviesa el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en Galicia.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa este martes en Vigo, donde ha reivindicado que la organización sindical continuará personada en el proceso penal iniciado tras el crimen de Teresa de Jesús Rodríguez, trabajadora del SAF en O Porriño, el pasado verano.

Carril ha dicho que su intención es que las responsabilidades de este suceso no se limiten a la empresa, sino que se depuren también en el ámbito político: tanto municipal como autonómico.

Al respecto, ha apuntado directamente hacia Fabiola García, que «sigue viviendo ciega, sorda y muda» ante la situación que atraviesa el SAF, siempre según palabras del responsable de la CIG.

En la rueda de prensa, desde el sindicato han desgranado el informe presentado por Inspección de Trabajo tras los graves hechos ocurridos en O Porriño, asegurando que ese documento deja ver la «falta de evaluación y medidas preventivas» por parte de la empresa, así como la «falta de seriedad» a la hora de afrontar cualquier riesgo que las trabajadoras puedan vivir en las casas a las que acuden cada día.

PROTOCOLO Ester Mariño, miembro del gabinete de Igualdad del sindicato, ha asegurado que la concesionaria del SAF en O Porriño tenía un protocolo de actuación que «no había sido firmado» ni las empleadas tenían conocimiento del mismo. Además, ha indicado que los responsables de la empresa, preguntados sobre cómo se debería actuar, desgranaron un procedimiento distinto al que aparece en dicho documento.

Asimismo, ha subrayado que las empleadas no disponen de formación en prevención de riesgos laborales y se ha constatado que el servicio en el que ocurrió el crimen no tenía una evaluación de riesgos.

«Queda claro que la empresa tenía conocimiento de que esta trabajadora no quería acudir al domicilio porque estaba sufriendo acoso. La empresa lo sabía, pero le dijo que si quería renunciar al servicio, tenía que hacerlo por escrito y de forma fundamentada», ha añadido Mariño, criticando que esto supondría una reducción de sueldo de la empleada, ya que trabajaría menos horas.

Carril ha puesto el foco en el informe del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) publicado el 16 de octubre, que recoge que la situación de riesgo necesitaba un análisis previo. También apunta al «déficit de formación» en prevención de riesgos de la empleada.

Sin embargo, ha criticado que tres días antes de publicarse este documento, el presidente gallego, Alfonso Rueda, presentó un borrador de protocolo para el SAF «que no tiene nada que ver con el informe» del ISSGA.

El sindicado ha vuelto a lamentar la «mercantilización» y la «barra libre» para las empresas del SAF por la que apuesta la Xunta. «Caciquismo sin importar las consecuencias que puede haber», ha destacado.