La Asociación Eólica de Galicia (EGA) dice «no poder entender» el «enredo judicial» y la «contradicción permanente de las instancias judiciales gallegas con las españolas y europeas, que raya en el paroxismo». Así se expresa después del primer fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que tumba la autorización del parque de A Ruña III, en la primera sentencia tras el aval del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a la tramitación de la Xunta de renovables.
«La incertidumbre, inseguridad y zozobra jurídicas nos atan de pies y manos en Galicia. Estamos ante una moratoria judicial», denuncia la patronal eólica gallega.
Estas críticas coinciden con las expresas por la patronal eólica española, que el pasado miércoles se mostró «estupefacta» por el nuevo fallo del TSXG que «genera riesgo estructural para la seguridad jurídica» .
La Asociación Eólica de Galicia alerta de que las suspensiones cautelares del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) afectan a más de 90 proyectos y más de 2.500 megawatios de potencia.
Sin embargo, expone que «tanto el Tribunal Supremo (TS) como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le han dicho al tribunal gallego que los parques están correctamente tramitados por la Xunta de Galicia, organismo que concede las citadas autorizaciones, y que la evaluación ambiental es conforme a derecho». «Y ante toda esta jurisprudencia, la sección tercera de la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego revoca los permisos de construcción de un parque en Mazaricos (A Coruña)», reprueba.
Y es que se queja de que la última sentencia del TSXG señala que el parque A Ruña III debía haberse tramitado conjuntamente con la línea eléctrica, cuando dicha red de evacuación ya está en funcionamiento. «Es como si quisiéramos hacer un nuevo acceso a la autopista AP 9, que cruza Galicia, y para ello tuviésemos que solicitar una declaración ambiental no solo para el nuevo acceso, sino también para toda la infraestructura en servicio desde hace muchos años», afirma EGA.
«En el citado pronunciamiento judicial también se alude, con total indefinición, a la proximidad del parque a la Red Natura, cuando realmente hay 4,5 kilómetros de distancia. En caso de que hubiese la menor sospecha o atisbo de un posible daño ambiental, la Xunta habría rechazado su construcción. Pero no hay tal sospecha. El proyecto cumple con todos los requisitos legales. Sin embargo, los magistrados de la sección lo anulan basándose en un informe privado que ellos mismos califican de abstracto y genérico», prosigue en su razonamiento.
Incide en que «Galicia no se puede permitir esta inercia destructiva, no puede aguantar cinco años sin avances en energías renovables». Calcula que se dejen de crear cada año 2.750 empleos y se dejen de invertir más de 6.300 millones de euros.
REAFIRMA SUSPENSIÓN DE MONTE CONTADO
Mientras, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se ha refirmado en un nuevo auto en la paralización cautelar del parque eólico Monte Contado, promovido por Naturgy en los municipios de Lugo y Castroverde.
El pasado mes de junio, el TSXG ya informó de un auto de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo adoptó esta medida cautelar por «probables daños irreversibles al medio natural que conllevarían las obras autorizadas en el expediente». Además, señalaba que algunos de los aerogeneradores se situarían a menos de un kilómetro de núcleos urbanos, así como la coincidencia de algunas de las infraestructuras del parque con zonas de máxima sensibilidad ambiental, según la clasificación sobre sensibilidad ambiental proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Ahora, el TSXG ha emitido outro auto, en respuesta a solicitud de Adega, en el que se reafirma en esta suspensión cautelar.

 
                                    