El empresario vigués José García Costas, accionista del astillero Cardama, ha advertido este viernes de que, «si se confirma» la intención del Gobierno de Uruguay de romper el contrato de 82 millones de euros para la construcción de dos patrulleras de vigilancia, será «malo para todo el sector naval» de Vigo.
Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios, con motivo de la celebración de una jornada técnica organizada por Navalia (feria del sector naval que preside el propio García Costas).
Según ha explicado a los periodistas García Costas (que ha matizado que es accionista del astillero pero no forma parte de la dirección técnica del mismo), se ha producido un «incidente» anteayer con el gobierno de Uruguay, que «puede tener cierta gravedad», aunque ha asegurado que desconoce los detalles, y ha señalado que el director de Cardama viajará a ese país «para resolver ese tema».
En cualquier caso, ha advertido de que «si se confirma» esa ruptura del contrato, «será malo para todo el sector naval» de la ciudad.
Asimismo, ha afirmado que, cuando hay un cambio de gobierno, «sobre todo en un país que tiene los antecedentes que tiene», los que llegan trata de «buscar en los cajones las cosas de los que acaban de salir, y eso da lugar a ciertos movimientos». «Si hay alguna cosa que no se ha hecho demasiado bien, acentúa los problemas que pueda ocasionar (…) yo espero que se resuelva», ha añadido.
RUPTURA DEL CONTRATO
En las últimas horas se hizo público que el Gobierno de Uruguay ha cancelado un contrato para la fabricación de dos patrulleras de vigilancia oceánicas tipo OPV (‘offshore patrol vessel’) por alrededor de 82 millones de euros debido a, según ha alegado el Ejecutivo del país sudamericano, los «fuertes indicios de fraude o estafa al Estado».
Según explicó el Gobierno de Uruguay en una rueda de prensa, Cardama debía presentar una garantía de «fiel cumplimento» de la licitación que equivalía al 5% del contrato total de la obra (en torno a 4,1 millones de euros). Es decir, que si Cardama no cumplía con el contrato, el Gobierno de Uruguay podía ejecutar la garantía y recibir ese importe.
«Eso no se cumplió y se fueron solicitando prórrogas», detalló el Ejecutivo sudamericano en un comunicado, en el que añadía que «los 45 días se transformaron en 11 meses, lo cual es relevante, porque el primer barco iba a estar construido en 18 meses».
Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios, con motivo de la celebración de una jornada técnica organizada por Navalia (feria del sector naval que preside el propio García Costas).
CARDAMA «DIALOGARÁ» CON EL GOBIERNO DE URUGUAY
«En todo este tipo de contratos, las garantías se presentan, se dan para incumplimientos de contrato. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna comunicación de incumplimiento de contrato. Nadie nos ha comunicado incumplimientos de contrato, nadie. Estamos muy sorprendidos porque nos hemos enterado por la prensa», señalaron a Europa Press fuentes del astillero vigués.
Asimismo, explicaron que una delegación de la empresa gallega estuvo reunida hace un par de semanas con la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo, y que nadie de la administración del país comunicó «ni por escrito ni de palabra» que Cardama estuviese incumpliendo el contrato.
La intención de Cardama es sentarse a negociar con el Gobierno de Uruguay porque, a su juicio, «no tiene ningún sentido que el contrato se rompa». «Otra cosa es que haya otros intereses que desconozcamos», apuntaron las fuentes consultadas.
En caso de que finalmente se rescinda el contrato, Cardama debería devolver al Gobierno uruguayo, según relatan las fuentes de la empresa, en torno a 8 millones de euros en concepto de garantías. A ello se suma que habría que dirimir en los juzgados qué ocurriría con los 28 millones de euros que ya ha abonado el Ejecutivo sudamericano para la construcción de las patrulleras.
