El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha advertido este lunes de la complejidad económica y jurídica que implicaría un posible rescate de las autopistas AP-9, en Galicia, y AP-66, que une Asturias o León.

A pesar de que la Comisión Europea emitió este verano un dictamen motivado en el que señalaba que no se habían respetado las normas a la hora de ampliar la concesión de esas autopistas de peaje, el Ministerio de Transportes ha decidido presentar alegaciones «en defensa del interés general».

«Nosotros hemos llegado al ministerio con una situación de hecho ya producida», ha señalado Santano, quien ha dicho sentirse «molesto» con el PP porque es el partido responsable de haber ampliado las concesiones.

Santano ha recordado que esas concesiones «hubieran terminado de forma natural» en 2021 y 2023, pero fueron prorrogadas. «Lo natural hubiera sido que en ese momento esos peajes hubieran terminado», ha manifestado, reclamando «humildad» y «petición de disculpas» a los políticos del PP que critican ahora el peaje.

Ha insistido en que cualquier operación de rescate tiene «implicaciones jurídicas y económicas milmillonarias». Además, ha enfatizado que «los que rescatan no son los gobiernos, son los ciudadanos y las ciudadanas», subrayando que el coste saldría de los bolsillos de la población.

Tras participar en un acto en Asturias y Cantabria y a preguntas de los periodistas, Santano ha sido preguntado por si sería más positivo rescatar los peajes o intensificar el sistema de bonificacioines, y ha contestado comparando la situación con una hipoteca, planteando la disyuntiva de cancelarla o seguir pagándola.

«Es evidente que si uno suma las cantidades, la hipoteca te acaba saliendo más cara. Pero, ¿tiene usted el dinero hoy para pagar la hipoteca?», ha cuestionado.

El secretario de Estado ha explicado que las concesiones tienen un periodo vigente por varios años aún, con contratos complejos en los que han participado inversores de diversas procedencias. «Modificar o rescindir eso tiene una enorme complejidad», ha manifestado.

Ha destacado que el Gobierno mantiene abierta su relación con la Comisión Europea y ha realizado alegaciones al respecto. «Seguimos trabajando defendiendo en este momento el interés general», ha subrayado.

Santano ha pedido prudencia y comprensión ante la complejidad del proceso. «Tenemos que ser conscientes de que las cosas son complejas, que son complicadas», ha indicado, dejando entrever que el camino para resolver la situación de las autopistas no ha concluido.

El representante gubernamental ha evitado dar detalles concretos sobre un posible rescate, centrándose en explicar las dificultades económicas y jurídicas del proceso. «Es muy difícil calibrar el impacto económico», ha reconocido.

Finalmente, ha dejado la puerta abierta a futuras negociaciones con la Comisión Europea y análisis, sin comprometerse con una solución inmediata. «Este camino no ha terminado», ha concluido, mostrando la postura cautelosa del Gobierno ante esta compleja situación.

La Comisión Europea, en el marco de un paquete de procedimientos de infracción, decidió en julio emitir un dictamen motivado en el que solicitaba a España que respete las normas de la UE en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de concesión.

España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 (Huerna) a veinticinco y veintinueve años, respectivamente, y más adelante vendió las dos empresas concesionarias sin iniciar procedimientos de licitación previos ni publicar un anuncio a escala de la UE.

La Comisión explicaba que, en virtud de la Directiva 93/37/CEE (aplicable en aquel momento) y de los principios de igualdad de trato y transparencia que subyacen a las normas de la UE en materia de contratación pública, estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación.

La Comisión envió un dictamen motivado a España, y le dio dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. El ministerio de Transportes respondió planteando alegaciones, de forma que los peajes siguen vigentes.