El Gobierno ha aprobado un real decreto que establece las normas para la concesión directa de préstamos por valor de 2.292 millones de euros a Navantia, destinados al desarrollo industrial de cinco programas especiales de modernización en el ámbito naval, en el marco del nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa y en respuesta a las crecientes exigencias de las Fuerzas Armadas españolas.

Los préstamos, de carácter plurianual y a interés cero, financiarán cinco proyectos principales hasta 2031: la construcción del nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate BAC II, la modernización de las fragatas F-100, la actualización de los buques anfibios Galicia y Castilla, la adquisición de un Buque de Acción Marítima de Inteligencia (BAM AGI) y el desarrollo de un Buque Hidrográfico Oceánico.

Esta medida responde a la necesidad de apoyar la competitividad industrial y la innovación tecnológica ante el contexto geopolítico internacional, la aparición de amenazas híbridas y el reforzamiento de las capacidades estratégicas nacionales, haciendo imprescindible la prefinanciación estatal para afrontar la elevada inversión requerida por estos programas.

Navantia deberá destinar íntegramente los fondos a la ejecución parcial de los cinco programas, siguiendo los términos recogidos en las correspondientes órdenes y anexos, así como justificar ante la Administración la correcta realización de cada actividad y el cumplimiento de los objetivos previstos.

La distribución de la financiación está calendarizada hasta 2031, incluyéndose partidas anuales para cada uno de los programas, que supondrán un impulso sostenido al sector naval, favoreciendo la generación de empleo y la colaboración público-privada con más de 900 empresas en todo el territorio nacional.

El procedimiento de concesión, basado en el artículo 22.2.c de la Ley General de Subvenciones, es singular y está justificado por razones de interés público, social y económico, al atender necesidades esenciales para la defensa y la seguridad nacionales y al no resultar viable una convocatoria pública.

Durante la tramitación del real decreto se han recabado los informes preceptivos de los Ministerios competentes y se han cumplido los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, transparencia y seguridad jurídica, garantizando la coherencia con el ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea.

Los préstamos no exigen garantías en condiciones generales y pueden ser objeto de amortización anticipada sin penalización; de no formalizarse los acuerdos específicos con Defensa, Navantia deberá devolver las cantidades recibidas, estando previsto un mecanismo de supervisión y justificación detallada de los hitos y desembolsos asociados a cada proyecto.

Estas ayudas forman parte integrante de la política estatal de fomento y coordinación industrial, siendo su publicidad acorde a lo establecido en la normativa sobre subvenciones públicas, y contemplando mecanismos específicos de control, devolución y penalización en caso de incumplimiento.

El real decreto, que entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE, otorga a la persona titular del Ministerio de Industria y Turismo la facultad de modificar los anexos relativos al calendario de anualidades y la descripción técnica de los programas financiados, sin alterar el importe global autorizado.

DETALLES DE LOS PROGRAMAS

En cuanto al detalle de los programas desarrollados, el decreto contempla cinco grandes actuaciones: la construcción del Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC II), con un coste de 380 millones de euros y la modernización de media vida de las fragatas clase Álvaro de Bazán F-100, por valor de 1.280 millones.

Por otro lado, se ha referido a la actualización de los buques anfibios ‘Galicia’ y ‘Castilla’, que suma 240 millones; la adquisición de un nuevo Buque de Acción Marítima de Inteligencia (BAM AGI), con una inversión prevista de 242 millones; y la construcción de un Buque Hidrográfico Oceánico (BHO), con una dotación de 150 millones de euros, conformando un presupuesto total de 2.292 millones de euros para la ejecución completa de estos cinco programas estratégicos