El sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) ha acusado al Consello Regulador da Denominación de Origen (D.O.) Rías Baixas de favorecer un modelo que beneficia a las bodegas en detrimento de los viticultores, especialmente los pequeños productores de la comarca de O Salnés.
Así lo han denunciado este viernes en una rueda de prensa celebrada en la sede de UGT en Pontevedra, el secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García y Manuel Dopazo, vocal de este sindicato en el Consello Regulador de la D.O. Rías Baixas.
Manuel Dopazo ha explicado que Unións Agrarias solicitó al Consello Regulador que se apliquen los datos de la estimación de cosecha hecha por los propios técnicos de la DO y se acuerde incrementar los límites de producción para la variedad Albariño hasta un máximo del 25%, el igual que se había hecho en el año 2011. El rendimiento establecido tiene un límite fijado en 12.000 kilos de uva por hectárea.
Sin embargo, el Pleno del Consello, «dominado por las bodegas», según denuncia Unións Agrarias, rechazó la propuesta lo que, según Dopazo, obligará a muchos productores a vender el excedente a precios muy bajos o incluso a dejar uvas sin recoger.
Estos representantes sindicales también han presentado documentación oficial que revela que, aunque la superficie de viñedo y la producción aumentaron en los últimos años (de 35,5 millones de kg en 2018 a 44,3 millones en 2023), el número de viticultores sigue cayendo (de 5.265 a 4.991).
Afirman que en los últimos 4 años se han perdido más de 300 viticultores, mientras las bodegas aumentan sus plantaciones y concentran las ayudas públicas. «No puede ser que las ayudas públicas vayan solo a las bodegas, mientras los viticultores tienen que vender uva a precios de favor», denunció Roberto García, secretario xeral de UU.AA.
Según los datos ofrecidos por esta organización agraria, 20 bodegas del Salnés concentraron tantas ayudas como 600 viticultores, y el 100% de las subvenciones para exportación y reestructuración fueron para el sector elaborador.
TRANSPARENCIA
Unións Agrarias también exige transparencia en el proceso de certificación de las cosechas, ya que denuncian que el Consello Regulador basa sus estimaciones en informes de las propias bodegas, sin comprobar in situ el rendimiento real de las parcelas.
«Hay fincas abandonadas o de nueva plantación que no pueden producir 12.000 kilos, pero se usan para justificar medias artificiales y reducir el precio de la uva», señaló Dopazo.
Unións Agrarias anunció que, si es necesario, acudirá a las vías judiciales para acceder a los expedientes de nuevas plantaciones y exigir controles rigurosos en la próxima vendimia, prevista para finales de este mes de agosto si no hay alteraciones meteorológicas durante los próximos días.
