La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha pedido al Gobierno «responsabilidad institucional» y «diálogo real» tras la decisión «unilateral» de ampliar el permiso parental mediante un Real Decreto Ley, «sin consulta previa con los interlocutores sociales».

En un comunicado, la CEG ha manifestado su «profunda preocupación» por la forma en la que el Ejecutivo central «está impulsando cambios normativos que afectan directamente al tejido empresarial sin contar con el necesario diálogo social».

«La reciente ampliación del permiso parental mediante Real Decreto Ley, sin consulta previa con los interlocutores sociales, vuelve a evidenciar una dinámica unilateral que pone en riesgo el modelo de concertación que ha garantizado la estabilidad económica y social en España durante décadas», ha advertido.

Así, los empresarios gallegos se han sumado a otras organizaciones empresariales para afirmar que esta medida que se ha tomado «sin previa consulta» a empresarios y sindicatos «es un ejemplo más de una dinámica preocupante que ignora el modelo de concertación social».

Todo ello, según lamentan, en un contexto «especialmente sensible» para el tejido productivo de España, ya que las empresas afrontan «una elevada presión» en varios aspectos, como la tasa de absentismo «sin precedentes»; la caída de la productividad por ocupado, o la propuesta de reducir la jornada laboral.

A estas medida se añade ahora, dice la CEG, la intención, reiterada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, de volver a incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI).

«Si bien desde la CEG compartimos el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, insistimos en que cualquier modificación del SMI debe hacerse con rigor técnico, evaluación de impacto y acuerdo entre los agentes sociales. Subidas automáticas, desvinculadas de la realidad económica y territorial, generan distorsiones importantes, especialmente en sectores con menor margen y en pymes, que representan la gran mayoría del tejido productivo gallego», han añadido.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha asegurado que «no se puede seguir legislando al margen del diálogo social, cargando una y otra vez sobre las empresas medidas que incrementan costes y rigideces en un momento de clara desaceleración económica».

Desde la CEG reclaman «previsibilidad, seguridad jurídica y un marco estable» que favorezca la inversión, el empleo y la competitividad. «En un momento en que la economía gallega necesita consolidación y estabilidad, no podemos permitirnos más improvisaciones ni anuncios unilaterales que generan incertidumbre y desconfianza. Es hora de recuperar el respeto institucional hacia el diálogo social real, estructurado y eficaz», han sentenciado los empresarios gallegos.