La Comisión Galega da Competencia (CGC) ha incoado expediente sancionador por posibles «prácticas anticompetitivas» en la contratación pública de la Xunta de rutas de bus escolar.

Así figura en un anuncio con fecha del 18 de julio de 2025, que adelanta Praza.gal este martes, en el que se apunta a una posible infracción de la ley de defensa de la competencia en la contratación de uniones temporales de empresas (UTE) para el transporte escolar.

Ahora, establece un plazo máximo de 24 meses para la instrucción del expediente, por lo que si se detectan «prácticas prohibidas» tras la investigación, habrá propuesta de sanción.

Este expediente se refiere al lote 1A-2021-TE, y según figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público se corresponde con rutas de transporte escolar a 424 centros de enseñanza pública, mediante 57 lotes, con un presupuesto de licitación de 93,4 millones de euros.

En 2023, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en sendas sentencia, anuló la adjudicación por parte de la Xunta a dos Uniones Temporales de Empresas (UTE) de los lotes 51 y 45 del contrato de transporte escolar a centros públicos dependientes de la Consellería de Educación porque estaban «dominadas» por el grupo Monbus, cuya participación excedía del 90% y del 60%, respectivamente.

El pasado mes de junio, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, informó en el Parlamento que el Gobierno gallego prevé licitar por más de 90 millones el servicio de transporte escolar, que pasará de 57 a 71 contratos. Entre otras novedades, aseguró que se limitarán los lotes a un mismo adjudicatario y se busca «fomentar la concurrencia y la participación de empresas más pequeñas».

INFRACCIONES MUY GRAVES

Las conductas consistentes en acuerdos entre competidores se considera infracciones muy graves, lo que puede dar lugar a multas que alcancen hasta el 10% del voluimen total de negocios mundial del infractor en el ejercicio anterior a la sanción. También puede dar lugar a la prohibición para la contratación con administraciones públicas.

La Comisión Galega da Competencia dispone de un programa de clemencia que permite a empresas y directivos implicados en cárteles colaborar voluntariamente con la aportación de información sobre estas prácticas para una exención parcial o total de sanciones.