El nuevo decreto que prepara la Xunta para controlar la higiene en ‘food trucks’ hará un censo de estos puestos ambulantes, supondrá inspecciones periódicas e incluye un régimen sancionador –con base en la ley estatal de seguridad alimentaria– con multas de entre 20.000 y 600.000 euros para casos muy graves.

En una entrevista con Europa Press, el jefe de servicio de seguridad alimentaria de la Consellería de Sanidade, Jose Ángel Viñuela, expone que «el primer paso para tener los establecimientos controlados es saber quiénes son y dónde están, tenerlos registrados» para después entrar en los controles oficiales. Todo ello tras un brote de salmonela en el Trasan Fest, celebrado a finales de junio en Oza-Cesuras (A Coruña), que provocó más de 160 intoxicados y una veintena de hospitalizados.

Y es que el decreto anterior «no recogía expresamente el registro de los establecimientos que se dedicaban a la venta ambulante y a los domicilios particulares, utilizados principalmente como vivienda privada, que en determinadas circunstancias elaboran cierto tipo de productos».

El nuevo decreto –remitido por la Xunta al Consello Consultivo– actualizará el catálogo de actividades recogidas en el Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios (Regasa). De este modo, en los establecimientos minoristas se incluirán: ‘food trucks’, puestos de comida itinerantes, vehículos de venta ambulante, así como locales de preparación de pedidos, entre otros. Podrán ser inspeccionados por municipios y/o la Consellería de Sanidade en el ámbito de sus competencias.

INSPECCIONES Y MULTAS

De tal forma, se establecerá una frecuencia de visitas de inspección que irá de entre una vez al año a una vez cada cinco años, como límite por ambos extremos. Esto irá en función del riesgo, actividades, productos que elaboren o procesos que se empleen en cada negocio.

Asimismo, incluye un régimen sancionador que marca la ley nacional de seguridad alimentaria: infracciones leves, hasta 5.000 euros; graves, entre 5.001 y 20.000 euros; y muy graves, entre 20.001 y 600.000 euros, que «puede llegar incluso al cierre del establecimiento» añade Viñuela.

Igualmente, explica que este decreto parte de la necesidad de trasladar una normativa estatal a Galicia, al tiempo que era «necesario actualizar el tipo de los establecimientos que hay que incluir en el registro gallego sanitario de establecimientos alimentarios y ajustar ciertas condiciones para la comercialización de determinados productos». Así, «como los cambios eran relativamente profundos, se decidió hacer un nuevo decreto en vez de modificar los anteriores».

PELIGROS POR LA «RELAJACIÓN» EN VERANO

Tras el brote del Trasan Fest, Viñuela no cree que estas intoxicaciones alimentarias vayan a más en Galicia en los últimos años, si bien apunta que los «brotes son inherentes a los grandes eventos, por diversos motivos». «Mucha gente, muchos puestos, y al final lo normal es que se relajen en este tipo de eventos tanto el que produce como el que consume», agrega.

Incide en que eventos como festivales se puede «difuminar un poquito» las «buenas prácticas», ya que «se trabaja muy deprisa porque lo tienes que hacer todo en un periodo muy corto de tiempo».

Considera que «el verano favorece» estos problemas. Por un lado, «las temperaturas son más altas, con lo cual los microorganismos, el bicherío, que anda por ahí se va a desarrollar en mejores condiciones». Y dos, «hay una parte pequeña de relajación de usos y costumbres» al tratarse de vacaciones y festivales. «Si vas sumando una cosa con otra, pues al final, obviamente, en verano la probabilidad de que ocurra un brote de intoxicación por alimentos es más alto», razona.

MÁS DE 30 SUSPENSIONES EN 2024

Según datos aportados por la Consellería de Sanidade a Europa Press, la Xunta realizó 14.813 inspecciones a un total de 10.002 establecimientos de restauración y minoristas de alimentación durante 2024.

El 61,5% de las inspecciones (9.106) fue a negocios de restauración colectiva o servicios de comida y bebida. El 38,5% (5.707) restante se corresponde con establecimientos minoristas –como obradores de panadería, heladerías, tiendas de chucherías, fruterías, plazas de abastos, carnicerías, pescaderías y ultramarinos–.

Fueron detectados 5.529 incumplimientos, la mayor parte identificado por el personal de Inspección Veterinaria de Saúde Pública en relación con riesgos en la producción de alimentos. La Xunta valora que la mayoría de estos incumplimientos son corregidos sin que se adopten medidas más severas. Solo el 10% de los incumplimientos acaban en expedientes sancionadores.

También se detectaron incumplimientos en condiciones higiénicas, que «en la mayor parte de los casos no suponía graves riesgos para la salud». En el caso de suponer riesgo para la salud, los inspectores suspenden la actividad del establecimiento o inmovilizan la mercancía. En concreto, en 2024 se realizaron 36 suspensiones de actividad a raíz de los incumplimientos detectados.

Al respecto, el jefe de servicio de seguridad alimentaria de Sanidade aclara que «una suspensión de actividad no es una sanción, es una medida precautoria». «¿Qué implica? Pues que en el momento de la inspección has detectado incumplimientos que pueden suponer un riesgo para la salud de los ciudadanos y al establecimiento le dices: ‘deja de trabajar, arréglalo y cuando lo arregles, continúas», añade. Estas medidas cautelares se toman, «básicamente, por condiciones de higiene».