El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia con la cual reconoce el derecho de la CIG a que la Xunta le informe de los motivos que justifican el por qué de las prórrogas de nombramientos de funcionarios en comisión de servicio más allá de dos años.

Este fallo, del pasado 3 de julio pero notificado a la central nacionalista hace escasos días, crea jurisprudencia para todas las administraciones públicas, según ha destacado la responsable de CIG-Autonómica, Zeltia Burgos, en rueda de prensa.

De hecho, la sala de lo contencioso-administrativo destaca que las juntas de personal y los delegados de personal «tienen derecho a recabar información sobre las prórrogas de las comisiones de servicio concedidas por la administración (…) si bien la administración deberá remitir esa informacion seudonimizada o mediante cualquier otra técnica análoga».

Y es que la Xunta, en su recurso contra una primera sentencia que daba la razón a la CIG, se «amparaba» en la protección de datos de los empleados públicos para denegar esta información, según ha explicado Burgos.

La sindicalista ha destacado la relevancia de este fallo del Supremo, para lo que su compañero Manuel González ha esgrimido datos de nombramientos de funcionarios por comisión de servicio: más de 4.700 desde 2021 y 7.099 renovaciones, el 90% de ellas, según sus cifras, superiores a los dos años de antigüedad y por tanto en «situación irregular».

ESCAPAN DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MÉRITO, CAPACIDAD Y PUBLICIDAD

El Supremo advierte de que «en el presente caso la cuestión controvertida se limita a información sobre las prórrogas de las 347 comisiones de servicio otorgadas por la Administración autonómica en el momento de la solicitud, incluyendo las resoluciones que las otorgaron y los informes de los centros directivos que justificaron la necesidad y urgencia de aquellas».

Se trata, añade, de información relativa a la política de personal que puede entenderse como «necesaria para vigilar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia, ya que, como invocó la parte recurrente en su solicitud, esta limita a dos años el periodo de vigencia de esas situaciones, salvo justificación de su necesidad y urgencia».

«No debe olvidarse que las comisiones de servicio escapan del criterio jurídico general consistente en que las administraciones públicas provean los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; así como que el concurso debe ser el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo», incide la sentencia.

Al respecto, tanto Zeltia Burgos como Manuel González y el también portavoz de la CIG Alexandre Prieto han acusado a la Xunta de utilizar las comisiones de servicio «para vender favores», mediante el nombramiento de funcionarios en localidades «muy demandadas», o en puestos de un nivel superior que permiten un mayor salario, o en lugares «clave» por lo que suponen para la autorización de proyectos, de modo que requieren «pesonas de confianza».

«RESPONSABILIDADES PENALES» SI NO DA LA INFORMACIÓN

Son, a juicio de la CIG, un «intento de control» y también mecanismo para «doblegar» a funcionarios, de ahí que pretendan obtener información. En caso de que la Xunta, pese a esta sentencia del Tribunal Supremo, no aporte información, la central nacionalista valorará pedir «responsabilidades penales».

Y es que entiende que «siempre» guarda «una bolsa» de plazas, que no incluye en los concursos, para asegurar este «sistema subjetivo» que hace que haya una «pérdida de independencia», pues son «a dedo» y sobre todo en mandos intermedios como jefaturas de áreas y en ubicaciones como Ourense y Vigo, donde es «difícil conseguir» un puesto en concurso.