El Gobierno gallego ha remitido un documento de alegaciones al Ejecutivo central en el que se reafirma en sus críticas a la condonación de la deuda, que ve «jurídicamente reprobable» y «perjudicial» desde un punto de vista financiero para la comunidad.

El Ministerio de Hacienda cierra este viernes, 30 de mayo, el plazo para la presentación de observaciones y comentarios al anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común y el Ejecutivo gallego ya remitido varios folios en los que se reafirma en sus críticas.

Entre otras cuestiones, la Xunta recalca que esta medida resulta «jurídicamente reprobable al contravenir numerosos principios constitucionales y legales, en el ámbito nacional y europeo».

Además, considera que la propuesta «altera de forma arbitraria y discrecional la situación financiera de las comunidades, sin resolver el problema estructural de financiación que las mismas presentan desde hace años».

«Esta pretendida mutualización de deuda autonómica perjudica financieramente a Galicia y a los ciudadanos gallegos, que tendrán que asumir un sobrecoste neto de más de 600 millones de euros de deuda de otras comunidades, con sus correspondientes intereses, y, sin embargo, no se verá incrementada la capacidad de gasto de la administración autonómica», agrega la administración autonómica.

«RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO»

Por el contrario, el Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda, en el documento que firma el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, constata «un evidente riesgo de incumplimiento de la regla de gasto por parte de la Administración del Estado».

Añade que, «además de no servir para alcanzar el objetivo que teóricamente pretende», la vuelta a la disciplina de mercado de algunas comunidades, «podría tener un impacto negativo en el coste de financiación del Tesoro y, por lo tanto, de las comunidades que se financian en los mercados de capitales».

La Xunta reitera, finalmente, «la necesidad de que se aborde el verdadero problema para la sostenibilidad financiera de las comunidades», que es «la reforma del sistema de financiación autonómica».

PROCEDIMIENTO

El pasado 15 de mayo, el departamento que dirige María Jesús Montero lanzó a consulta pública previa la propuesta para que el Estado asuma hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas, en la que Andalucía y Cataluña serían las regiones más beneficiadas, acaparando más del 43% del total de la condonación del déficit autonómico.

En el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 26 de febrero de 2025 se aprobó el acuerdo relativo a los criterios de distribución del importe destinado a la asunción por el Estado de una parte de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común, con el aval del Estado, Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña.

Los consejeros de las comunidades autónomas del PP decidieron abandonar la reunión del Consejo de Política Fiscal pocos minutos después de empezar, alegando que la propuesta de Hacienda partía de un acuerdo bilateral con una formación independentista (ERC).

Aun así, el voto de las comunidades del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se registró como ‘abstención’, algo que el Gobierno central interpretó como una puerta abierta a que las regiones ‘populares’ finalmente acaben acogiendo este perdón del déficit autonómico.

De hecho, Hacienda, tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha ido manteniendo reuniones bilaterales con las diferentes comunidades autónomas. No obstante, la decisión de acogerse o no a la quita de deuda la tienen que comunicar las comunidades autónomas cuando la ley esté aprobada, según han trasladado a Europa Press fuentes del Ministerio.