La Comisión Europea ha dado este miércoles un ultimátum a España para que cumpla con la normativa comunitaria para simplificar y agilizar los permisos para proyectos de energías renovables e infraestructuras para integrar recursos adicionales al sistema eléctrico; una reforma que los Estados miembro deberían haber trasladado a su legislación ya en julio de 2024.

El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase en un procedimiento de infracción, y da a las autoridades españolas un nuevo plazo de dos meses para resolver las irregularidades que ya le notificó Bruselas en septiembre del pasado año, mediante una carta de emplazamiento que supuso la apertura del expediente sancionador.

Si se cumple esta segunda fase sin que el Gobierno haya resuelto la situación, los servicios comunitarios podrán decidir entrar en la tercera y última etapa del proceso, que supone denunciar al Estado miembro por incumplimiento de la directiva ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El pasado otoño, la Comisión inició procedimiento infractor contra 26 Estados miembro por no transponer plenamente la norma común, aunque ahora sólo ha optado por enviar el ultimátum a España y otros siete países: Bulgaria, Francia, Italia, Chipre, Países Bajos, Eslovaquia y Suecia.