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La CIG ve «insuficientes» las medidas del borrador para reducir la jornada laboral y apuesta por implantar las 35 horas

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La Confederación Intersindical Galega (CIG) considera «insuficientes» las medidas que recoge el todavía borrador de anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales a finales de 2025. Así, aboga por implantar ya las 35 horas «con el objetivo de ir caminando hacia la jornada semanal de cuatro días», con 32 horas a la semana.

Esta es la principal propuesta que hace la central nacionalista gallega a este texto legal que remitió el Ministerio de Trabajo y Economía Social el pasado 20 de diciembre, tras alcanzar un acuerdo con CCOO y UGT.

En un comunicado, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, confirma que su sindicato presentó una serie de propuestas al anteproyecto para avanzar «de una vez por todas en derechos laborales reales y generar más riqueza social», no sin manifestar sus quejas por habérseles «excluido» de la negociación.

En cuanto a la jornada laboral, defiende las 32 horas semanales para «generar empleo y avanzar en derechos como la conciliación de la vida laboral y familiar».

Junto a ello, la CIG propone otras medidas para contrarrestar «el abuso» de los contratos a tiempo parcial: limitarlos al 15 por ciento de la plantilla, aumentar su sueldo, garantizar «jornadas mínimas fijas de 20 horas» en horario continuado y condicionar la realización de horas complementarias.

REGISTRO HORARIO Y DESCONEXIÓN DIGITAL

Otra de las aportaciones hechas por la central nacionalista tiene que ver con la dotación de un sistema de registro digital de la jornada «para que sea transparente y eficaz», de manera que «permita contabilizar las horas extraordinarias con garantías» y garantizar «su compensación en descanso o retribución».

Asimismo, la CIG insta a establecer mecanismos para que predominen las mejores condiciones en materia de jornada que estén contempladas en los convenios sectoriales frente a los de empresa.

Entre otras propuestas, la central también pide una regulación para el teletrabajo que «refuerce los derechos de desconexión digital e intimidad».

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