El Partido Popular ha rechazado las enmiendas transversales presentadas por el BNG y PSdeG a los presupuestos gallegos para 2025, de forma que las cuentas continúan con el trámite parlamentario de cara a su aprobación definitiva prevista para el próximo mes.

Durante el debate en la tarde de este lunes en el Parlamento gallego, después de que los populares ya tumbasen las enmiendas a la totalidad en la sesión de mañana, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha explicado la negativa a atender estas enmiendas por cuestiones como «falta de rigor» y suponer una subida de impuestos, ya que aboga por bajarlos «siempre que sea posible». No obstante, reconoce que hay «algunas» medidas que le parecen una «buena iniciativa», pero deja claro que «hay que priorizar», aunque «puede haber acuerdos en lo que resta de tramitación».

Al respecto, Noa Presas (BNG) ha presentado enmiendas del BNG que suponen casi 2.200 millones entre incrementos de ingresos y reorientación de partidas, centrado en servicios públicos, ciencia y un nuevo modelo energético justo. «Hay otro presupuesto posible», sostiene.

Tacha estas cuenta como una «mala noticia para Galicia por mucho» que la Xunta los «envuelva en propaganda». Asegura que son los presupuestos «más neoliberales, antisociales y antigallegos», diseñados para «privatizar» y «drenar recursos públicos a empresas amigas del PP».

Y es que Presas acusa a los populares de «favorecer la rapiña» y al lobby de la industria inmobiliaria. Lamenta que se pierden 700 millones en una «política fiscal para ricos», unido a la «deuda más alta de la historia» de Galicia. Por ello, el Bloque propone una política redistributiva de impuestos para aumentar ingresos por 255 millones, junto a 60 nuevas propuestas con la reorientación de 2.000 millones destinados a priorizar vivienda pública, recuperación de libros de texto gratuitos y destinar uno de cada 100 euros a la lucha contra la violencia machista.

PROPUESTA DEL PSDEG

Por su parte, Elena Espinosa ha defendido una enmienda «realista» de los socialistas para elevar el gasto hasta 14.500 millones, «priorizando» a los jóvenes, la educación y vivienda.

Llama a la Xunta a atender esta «oportunidad» para rectificar, ya que reprueba que se incrementan los beneficios fiscales «sin criterio de justicia social». Entre otras cuestiones, los socialistas demandan un aumento de apoyos a I+D+i, la elaboración urgente de un programa de empleo, crear más residencias, reactivar la Tarxeta Básica y aumentar el bono eléctrico.

Especial atención presta el PSdeG a la mejora de la atención primaria, para lo cual propone un aumento de recursos humanos con los que reducir los tiempos de espera. También se esgrime que no se puede consentir que los ayuntamiento «sigan cargando» con la parte del gasto del servicio de atención a domicilio (SAF) y asumiendo competencias impropias.

Enfrente, Paula Prado (PPdeG) ha criticado a «la izquierda de los recortes», pues sostiene que el BNG recorta en más de 50 millones fondos a pagar la Risga y ayudas de inclusión social, así como en compra de material sanitario. Afirma que el PSdeG propone «aplicar recortes en pago de líneas telefónicas del Sergas» y servicios postales. Además, ha dicho que «basta ya de hipocresía» sobre la comisión de investigación de contratos de la Xunta, puesto que dice que ayuntamientos como los de Santiago y Vigo han realizado contrataciones con Eulen.

INTERVENCIÓN DE CORGOS

Mientras, Corgos ha reprochado al BNG que quiera subir impuestos por 255 millones de euros y opina que no es «momento» de subir el IRPF. Lanza la advertencia de que crear nuevos tributos «no debe tomarse a la ligera» y debe acompañarse de una justificación y análisis.

El conselleiro reprueba que los socialistas quieran aumentar el gasto por encima del límite del 3,2% fijado por el Estado. También se pregunta sobre si el PSdeG «tiene información privilegiada» para hablar de una condonación de la deuda de 115 millones para Galicia, si bien remarca que esa partida no aumenta capacidad de gasto no financiero. Igualmente, se muestra en contra de una subida de impuestos de 269 millones.