La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha instado a fortalecer la eurorregión Galicia-Norte de Portugal para que sea un «polo de atracción de inversiones» y de asentamiento de industria, y ha reclamado a los gobiernos de ambos países que «escuchen» a los empresarios.

Así lo ha trasladado el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, en su intervención en el XIII Plenario Comunidad de Traballo Galicia-Norte de Portugal, en el que también ha abogado por una eurorregión «mejor conectada, tanto a nivel de infraestructuras como a nivel normativo», para que sea más competitiva y esté «preparada para los desafíos del futuro».

Según Vieites, «solo con colaboración efectiva y compromiso de ambas partes» la eurorregión «podrá alcanzar todo su potencial y consolidarse como un modelo de cooperación transfronteriza».

En ese sentido, ha puesto en valor la colaboración entre organizaciones empresariales a ambos lados de la frontera, y ha recordado que las empresas no entienden de nacionalidades, sino de rentabilidad y oportunidad. Por ello, ha pedido trabajar para que la eurorregión sea un polo de atracción de inversiones productivas, y de industrias que tengan «efecto arrastre» sobre otros sectores de la economía, generando así «más oportunidades a empresas, trabajadores y ciudadanos».

Juan Manuel Vieites también ha advertido, de cara a la próxima cumbre hispanoportuguesa de Faro (Portugal), que deben ser escuchadas y abordadas las necesidades de la eurorregión, que necesita «acciones concretas y una planificación estratégica que incluya a todos los actores involucrados».

CONEXIONES FERROVIARIAS

El presidente de la CEG se ha referido igualmente a la necesidad de mejorar las conexiones ferroviarias, ya que Galicia «ha sufrido durante años una falta de inversiones en conexiones ferroviarias que permitan un transporte rápido y cómodo, tanto para pasajeros como para mercancías». «Galicia y el Norte de Portugal necesitan una conexión de primer nivel por ferrocarril», ha proclamado y, tras apuntar que Portugal «apuesta por esta conexión», ha expresado su esperanza de que el Gobierno de España «asuma el mismo compromiso, y en 2032 las ciudades de Vigo y Oporto estén conectadas por ferrocarril en un trayecto de menos de una hora».

Hasta entonces, ha reclamado, deben mejorarse las condiciones del actual Tren Celta, que actualmente «no ofrece una alternativa ral al vehículo privado».

«En este momento no tenemos seguridad de que España apueste decididamente, como sí lo hace Portugal, por esta conexión y por ello pedimos también a nuestros socios de la región norte su apoyo en esta reivindicación, pues supone un objetivo común y que no puede ser llevado a cabo si España no hace su parte», ha subrayado Vieites.

OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y NECESIDADES

El presidente de los empresarios gallegos también ha incidido en la importancia de «modernizar» las infraestructuras viarias que conectan Galicia y Portugal, como la A-55 o la A-52, «vitales para el comercio y el turismo».

Asimismo, han reclama un impulso para la conexión por carretera entre Macedo de Cavaleiros (Portugal) y la localidad ourensana de A Gudiña; además de un acuerdo internacional entre los dos países para el impulso y avance de una autovía internacional que comunique Celanova y Portugal.

Finalmente, la CEG ha lamentado las dificultades derivadas de no tener un reconocimiento de los certificados electrónicos a nivel de la UE para identificar electrónicamente a personas físicas y jurídicas y así facilitar así la interacción con las administraciones y también de las entidades privadas entre sí.

En ese ámbito, ha insistido también en la necesidad de un estatuto específico para los trabajadores y tener en cuenta que «es necesario tener en consideración que la realidad de las relaciones laborales motivada por la actividad de las empresas y por las necesidades de los trabajadores, evoluciona a gran velocidad y muchas veces aparece en la fórmula el elemento transnacional».

Igualmente, ha pedido analizar otras situaciones, como el teletrabajo transfronterizo, la situación de los «trabajadores nómadas», o de las empresas con sedes en ambos países.