La mitad de los contratos públicos firmados en España procede de entidades locales, pero si se mira el importe de la licitación, el 40% corresponde a los gobiernos autonómicos, según recoge el último informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRES), órgano adscrito al Ministerio de Hacienda.

La presidenta de la OIRES, María Luisa Araújo, ha presentado este martes en el Congreso el informe del organismo de 2022, en la que se impulsaron 183.277 licitaciones en España, de las cuales la mitad correspondieron al sector público local.

En concreto, el sector local acaparó 91.754 contratos, mientras que en el sector autonómico alcanzaron los 49.774 y en el ámbito estatal se situaron en los 41.749.

Según ha explicado ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, el importe de esas más de 183.000 licitaciones ascendió hasta los 100.692 millones de euros y la mayoría fue para el sector servicios, con más del 41% de los contratos.

El reparto de estas facturas lo encabeza el sector autonómico, que abonó 40.673 millones frente a los 33.382 millones del sector local y los 26.636 millones al sector estatal.

CUATRO MESES DE TRAMITACIÓN Y TRES CONCURSANTES

La radiografía de los contratos públicos indica que el tiempo medio de tramitación alcanza los 126,88 días, algo más de cuatro meses, y la media de concurrencia fue de 3,22 licitadores por procedimiento.

La presidenta del organismo ha repasado algunos de los incumplimientos más habituales en las licitaciones que han detectado los tribunales de recursos contractuales a nivel estatal, autonómico y local.

En el ámbito estatal, Araújo ha indicado que los incumplimientos suelen detectarse en la fase preparatoria de los contratos, por falta de planificación; mientras que en el ámbito autonómico los incumplimientos se ciñen más a la autorización del gasto en el contrato. Por su parte, en el ámbito local, la fase con más reparos tiene que ver con la fase de ejecución de las licitaciones.

En este contexto, la presidenta de la institución adscrita a Hacienda ha remarcado las «debilidades en la fase preparatoria», como la falta de publicidad de la programación de la contratación o una eficiente justificación de los criterios de adjudicación, de los aspectos económicos del contrato o del procedimiento elegido.