La recaudación tributaria gestionada por la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) alcanzó el 2023 los 632 millones de euros, un 6 % menos que el ejercicio anterior y, en materia de lucha contra el fraude, afloraron 90,5 millones de euros de deuda no declarada.

Así lo ha trasladado la directora de la Axencia, Sonia Lafont, en su comparecencia ante la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento de Galicia, en la que ha presentado el balance de actividad de este organismo del año 2023.

Según ha explicado Lafont, la recaudación líquida total fue de 632,3 millones de euros, más de la mitad por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, seguido por lo recaudado con el impuesto de sucesiones y donaciones y con el impuesto de patrimonio.

Durante el pasado año, se afloraron 90,5 millones de euros de deuda, aunque el 95 % de los gallegos cumplen de forma voluntaria con sus obligaciones tributarias.

Además, en ese período, la Atriga realizó 1,7 millones de asistencias, un 7 % más que el ejercicio anterior, incluyendo las asistencias presenciales y telefónicas (unas 290.000) y las atenciones en la Oficina Virtual Tributaria.

Con respecto a los controles, ha señalado la directora de la Axencia, el 94 % de las comprobaciones de liquidaciones fueron conformes, aunque se abrieron 2.747 procedimientos sancionadores y se detectaron 60,9 millones de euros impagados; en los controles intensivos, se realizaron 457 investigaciones y se impusieron sanciones por 7 millones.

Finalmente, ha relatado que la Atriga realizó en 2023 un total de 2.194 valoraciones de empresas, que implicaron un incremento en su valor de 1,4 millones de euros; y casi 136.000 valoraciones de bienes inmuebles, con un incremento del valor de algo más de un millón de euros.

CRÍTICAS DE BNG Y PSOE

Tras la comparecencia de la directora de la Atriga, los representantes de los grupos nacionalista y socialista han censurado la política fiscal y tributaria de la Xunta, y han afeado al gobierno autonómico del PP sus medidas para beneficiar «a los que más tienen».

Así, la diputada del PSdeG, Patricia Iglesias, ha acusado a Rueda de «emular cada vez más» la política fiscal de Díaz Ayuso en Madrid, bajando los impuestos a las rentas más altas, «a costa de la calidad de los servicios públicos». Al respecto, ha remarcado que, con esas rebajas, se dejaron de ingresar 257 millones de euros, y ha subrayado que las bajadas de impuestos no han cumplido su pretendida finalidad.

Por su parte, la diputada Noa Presas (BNG) ha constatado que «Galicia pierde» con la política fiscal de la Xunta, y sobre todo «las clases populares», y ha advertido de que la posición del gobierno gallego se enmarca en una tendencia de «agudización de las políticas neoliberales».

Igualmente, ha censurado que la Xunta del PP «no cree» en el autogobierno fiscal, y que «no hay una hoja de ruta» sobre el uso de los beneficios fiscales, además de que «se obstaculiza la labor del Consello de Contas».

Por su parte, la diputada del PP, Cristina Sanz, ha elogiado el trabajo «intenso y eficaz» de la Atriga, y ha defendido que las bajadas de impuestos permiten que los gallegos tengan más dinero «en su bolsillo», y que «los grandes capitales se hayan quedado en Galicia».