El director xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta, Pablo Fernández Vila, ha recordado que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el permiso autonómico a la única mina de coltán de Europa por riesgos ambientales no es firme y se puede recurrir: «Nos preocupan las 120 familias afectadas».

Así lo ha señalado en el marco de la Comisión 6ª de Industria, Energía, Comercio y Turismo del Parlamento de Galicia tras ser preguntado por la diputada socialista Patricia Iglesias sobre la situación en la que se encuentra la explotación minera de A Penouta, ubicada en Viana do Bolo (Ourenese), después de que el Alto Tribunal gallego considerase insuficiente el estudio de afectación ambiental.

Al respecto, Fernández Vila ha defendido el valor de la extracción minera para la economía de Galicia, al ser un sector «esencial». También ha destacado su importancia para convatir la despoblción del rural gallego.

Pese a esto, ha dicho que «no puede ser a toda costa», por lo que ha añadido que la tramitación de las minas debe ser «garantista» y, en este aspecto, la Xunta «no cede ni un poco».

Por ello, ha mostrado su «sorpresa» ante la resolución del TSXG y, aunque la «respeta», ha llamado la atención sobre ciertos aspectos, recordando que no es firme y que se puede recurrir. Así, ha dicho que la mina cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable y que el fallo judicial toma por buenos argumentos de la demandante «basados en fotografías» y no en informes periciales.

En este sentido, se ha referido a las fotografías de grietas en las viviendas, de las que, según ha dicho, no constan informes periciales en la sentencia que certifiquen que han sido producidas por las explosiones en la mina. También ha dicho que la contaminación en las aguas cercanas estaba años antes de que comenzase esta extracción.

Pablo Fernández ha mostrado su preocupación por los cerca de 80 empleos directos y 40 indirectos de la mina y ha subrayado la necesidad de los minerales que allí se extraen.

Por su parte, Patricia Iglesias ha pedido a la Xunta que haga «un poco de autocrítica» y ha lamentado que el Ejecutivo autonómico concediese una declaración de impacto ambiental favorable a la mina pese a las advertencias que ya constaban previamente.