La CIG saldrá a las calles de Santiago este jueves en una manifestación para alertar de la «institucionalización de la pobreza laboral» porque «tener trabajo ya no permite los ingresos necesarios para vivir dignamente».

Así lo ha explicado el secretario xeral de la central nacionalista, Paulo Carril, que ha presentado este lunes en rueda de prensa el lanzamiento de una campaña contra la «precaridad» del sistema laboral estatal que consideran que la última reforma laboral ha afianzado.

La CIG, que celebrará una asamblea nacional de delegados en el Multiusos do Sar antes de partir en manifestación por las calles de la capital gallega a partir de las 12,00 horas del jueves, considera que la reforma laboral aprobada hace dos años por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha «cambiado las estadísticas pero no la realidad».

Para Paulo Carril, esta modificación del marco general de contratacion ha supuesto la «generalización de la contratación a tiempo parcial y la fija-discontinua», que, dice, «sustituyó los contratos temporales» con un aumento del 125,1% desde 2021.

También ha puesto el acento en que la caída del 20,7% en los despidos ha estado acompañada de un descenso en el promedio de indemnizaciones recibidas «del 34,9%», con lo que, según Carril, esta reforma supone «un avance en el despido libre y gratuito» pues «la patronal dispone de más mecanismos legales para empeorar las condiciones laborales y salariales».

«Tener trabajo ya no permite los ingresos necesarios para vivir dignamente y poder acceder a derechos básicos como alimentación y vivienda», ha sentenciado el máximo responsable de la CIG, que sostiene que esta situación afecta especialmente a mujeres y jóvenes, «convertidos a mano de obra barata».

Así, ha acusado a los gobiernos de la Xunta y del Estado de permitir que «el capital» sea quien «planifica» sus políticas y legislaciones laborales que inciden en el proceso de «desmantelamiento, desregulación y flexibilización de los derechos y condiciones laborales».

Se trata de un «conjunto de medidas regresivas para la clase trabajadora» que ve hechas «para satisfacer las exigencias de la UE y recibir los fondos europeos» y que ve «complementado» con «el papel entusiasta del llamado diálogo social, de CCOO y UGT, que viven en la permanente colaboración».

Tras afear a las dos organizaciones con mayor representación a nivel estatal su «entreguismo» y «renuncia sindical», Paulo Carril ha apelado a la movilización social para «conseguir la aprobación de una nueva legislación laboral y social que restituya los derechos perdidos y favorezca nuevos derechos y regulaciones».

SAF EN MUXÍA

Por otro lado, la CIG también ha demandado este lunes al Ayuntamiento de Muxía que aporte una «solución definitiva» a los «reiterados» retrasos en el pago de los salarios a las trajadoras del servicio de ayuda en el hogar, un «incumplimiento» que consideran «intolerable»

En un comunicado, censuran las «graves acusaciones» del alcalde de Muxía, Iago Toba, al que acusan de pretender «dividir» al colectivo, por lo que le instan a proceder a la nueva adjudicación del servicio y a abonar los salarios que se adeudan a las empleadas del servicio.