El salario de los más de 3,5 millones de empleados públicos subirá en un porcentaje fijo del 2% con la llegada de 2024, que podrá elevarse en otro 0,5% adicional en función de la evolución del IPC armonizado (IPCA).

Así lo pactaron Gobierno, CCOO y UGT en el ‘Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI’ firmado en octubre de 2022 y en el que se contemplaba una subida salarial para el conjunto de los tres años de hasta un 9,5%.

En concreto, el texto del acuerdo contempla para el nuevo año un incremento salarial fijo del 2% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior. Adicionalmente, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022-2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Los sueldos de los empleados públicos aumentaron en 2022 un 3,5% y, de momento, han subido un 3% en 2023, pues queda pendiente de saber si se les practicará, con carácter retroactivo y consolidable, un alza adicional del 0,5% en caso de que el PIB nominal de 2023 supere el previsto por el Gobierno.

Si este dato de PIB, que no se conocerá hasta entrado ya 2024, supera las estimaciones del Ejecutivo, el salario de los empleados públicos habría subido en 2023 otro 3,5%, lo mismo que en 2022, y sobre esa cuantía final de 2023 operará el incremento fijo del 2% acordado para 2024.

Fuentes del Ministerio de Hacienda, que hasta ahora tenía las competencias de Función Pública, han trasladado a Europa Press que los funcionarios tendrán que esperar, no obstante, hasta el primer trimestre del próximo año para ver actualizadas sus nóminas, una vez que se aprueben los Presupuestos de 2024, puesto que el aumento de sus salarios, al contrario que ha sucedido con las pensiones, no se ha incluido en el decreto-ley de medidas económicas aprobado el día 27 de diciembre.

No obstante, las mismas fuentes precisaron que dicha subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, y recuerdan que el Gobierno cerró un acuerdo con los sindicatos, que implica subidas superiores al 9% en tres años (2022, 2023 y 2024) y que «obviamente» va a cumplir lo pactado. «Lo que pactamos se cumple», han asegurado.

El aumento salarial de este nuevo año, que tendrá que gestionar el nuevo ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, beneficiará a cerca de 3,5 millones de personas que desempeñan su labor en las Administraciones Públicas como funcionarios, personal laboral u otro tipo de asalariados del sector público. La mayoría trabaja para las comunidades autónomas; les siguen por número de personal las entidades locales y la Administración Central.

CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Por otro lado, otras medidas que afectarán a los funcionarios en 2024 están relacionadas con su evaluación de desempeño. Pocos días antes de terminar 2023, el Gobierno introdujo medidas de refuerzo para evaluar el desempeño de todos los empleados públicos. En concreto, éstas entraron en vigor el pasado 21 de diciembre como parte de un Real Decreto-Ley mucho más amplio, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación.

En el Libro II de dicha norma se recogen cambios estructurales en el modelo de la Función Pública, con avances en la planificación estratégica de los recursos humanos y la incorporación de la evaluación del desempeño o nuevos sistemas de acceso.

En particular, el texto regula la evaluación del desempeño obligatoria, el procedimiento por el que se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento del personal, todo ello con el objetivo mejorar la productividad para, a su vez, mejorar la prestación del servicio público, ha alegado el Gobierno.

Dichas evaluaciones «se plantean en positivo», según el Ejecutivo, por lo que «en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen».

En el caso de que un empleado público no tengan resultados satisfactorios en las mismas, «se fomentarán medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño». «El fomento de la participación y las ofertas constantes de mejora de condiciones se convertirán además en incentivos para que puedan dar la vuelta a esa situación», según el Ejecutivo.

Para quienes superen estas evaluaciones, habrá beneficios directos en distintas variables, como la remuneración del complemento de desempeño, que sustituye al complemento de productividad. Además, se fomentará su progresión en la carrera profesional con la introducción de la carrera horizontal, sistema por el que se pueden mejorar las condiciones sin cambiar de puesto de trabajo.

Para ello, se utilizará un sistema de tramos donde se valora la trayectoria, la evaluación del desempeño, la formación o la participación en actividades de docencia o investigación. Todo lo anterior podrá traducirse en una retribución adicional con el complemento de carrera.

A esto hay que sumar cambios en el acceso a puestos de alto funcionario «para que prevalezcan los criterios de mérito y competencia», según el Gobierno.

SE LIMITA LA DURACIÓN DEL PROCESO DE OPOSICIÓN A UN MÁXIMO DE UN AÑO

Entre las novedades de esta norma que entró en vigor hace apenas unos días está la posibilidad de que las plazas no cubiertas tras una convocatoria de oposiciones puedan volver a ofrecerse si no han pasado más de tres años desde la publicación de la oferta.

También se establece la posibilidad de que el departamento competente convoque a través de la Secretaría de Estado de Función Pública concursos unitarios abiertos y permanentes para incluir puestos de trabajo vacantes en los distintos ministerios.

En lo referido a los procesos de acceso y selección de empleados públicos, el Gobierno impulsa «un modelo más ágil y eficiente» con la duración máxima de los procesos selectivos y la territorialización de las pruebas.

Para ello, se establecerá obligatoriamente la publicación de convocatorias en el mismo año de la aprobación de la Oferta de Empleo Público, que deberán ejecutarse en un máximo de dos años. El proceso de oposición, además, no podrá durar más de un año.

El Gobierno habilitará al Ministerio de Función Pública para elaborar un modelo de bases comunes en los procesos selectivos.

Las pruebas para seleccionar a los nuevos integrantes de la Función Pública también serán reformadas, con el objetivo de que el modelo de selección responda a las funciones a desempeñar en los puertos ofertados.