Trabajadores del sector de la limpieza de Lugo han trasladado su protesta este martes a las puertas del Parlamento de Galicia, coincidiendo con el debate de una propuesta del BNG sobre la situación que vive el sector, para insistir a la Xunta que medie en el conflicto laboral entre empleados y la patronal para alcanzar «un convenio digno» y por lo que llevan más de 50 días en huelga.

En declaraciones a Europa Press, la representante de CIG-Servizos, Asunción Castiñeiras, ha explicado que la administración autonómica es «una de las principales contratistas de las empresas de Aspel», por lo que entienden que «en un conflicto donde las trabajadoras llevan 51 días de huelga, la Xunta es responsable y no puede mirar para otro lado».

Este mismo lunes tuvo lugar la primera reunión de mediación que, tal y como ha afirmado Asunción Castiñeiras concluyó «sin ningún tipo de avance y sin resultados». Ahora, han sido convocadas para otra reunión el próximo día 13.

«Esperemos que la Xunta medie en este conflicto y haga ver a la patronal que esta situación no puede continuar y que la patronal deje de estar en esa postura que está ahora mismo, que es inamovible y con unas condiciones que no sirven para firmar el convenio de este sector», ha censurado.

Además, el próximo día 12, previo a esa reunión, han convocado una manifestación de la CIG en Lugo en apoyo al sector de la limpieza. El convenio de la limpieza de la provincia lucense caducó en diciembre de 2021. Los profesionales iniciaron una huelga el pasado 16 de octubre, que continúa a día de hoy tras más de 50 días.

PARLAMENTO

Algunos de los participantes en esta protesta acudieron al interior de la Cámara gallega para seguir la pregunta de la diputada del BNG Olalla Rodil a la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, sobre la postura de la Xunta en el marco de este conflicto laboral.

La diputada nacionalista ha sostenido que la Xunta es «juez y parte», ya que destina «cantidades ingentes de dinero público a financiar» empresas que «se niegan a negociar el nuevo convenio».

Por eso, ha pedido al Gobierno gallego que «asuma compromisos» y no se ponga «de perfil». «No ser indiferentes y hacer una ley de cláusulas sociales que impidan que la administración pública cuando licita concursos y servicios no contribuya a precarizar aún más, sino que garantice salarios y condiciones dignas», ha reivindicado.

Por su parte, la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, ha defendido que la Xunta se mantiene «vigilante» dentro de sus competencias, «fiscalizando las acciones de la empresa mediante los procedimientos establecidos», y ha asegurado que los trabajadores «cuentan con el apoyo de la Xunta», que «continuará fomentando el diálogo social».

Asimismo, ha señalado que la administración autonómica «no puede ni debe interferir» en las negociaciones entre trabajadores y patronal, que se hará a través de la mediación del Consello galego de Relacións Laborais.

Con todo, ha animado a los trabajadores a «poner en conocimiento en los juzgados sociales cualquier incumplimiento por parte de la empresa», así como «estar pendientes» e informar de «procedimientos para denunciar posibles irregularidades laborales».

Para concluir su intervención, ha agradecido a Rodil que haya traído este conflicto al Parlamento para «recalcar la importancia del diálogo social para conseguir un mercado de trabajo en el que se respeten los derechos de los trabajadores, especialmente en el caso del servicio de limpieza de la provincia de Lugo».