La secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Silvia Cortiñas, ha informado de que la Xunta sancionó con 233.404 euros a la adjudicataria de los helicópteros de Gardacostas, Avincis (antes Babcock), por diferentes incumplimientos «puntuales» en el último contrato. Además, hay una propuesta de resolución de una multa de 273.780 euros por inoperatividades del Pesca 2, con base en Celeiro (Lugo), durante los meses de septiembre y octubre de este año.

Las causas de la sanciones «fueron principalmente por inoperatividad de algún helicóptero y carencia de una segunda grúa en helicóptero de sustitución», ha explicado Cortiñas en la comisión de Pesca en respuesta a una pregunta del Bloque.

La diputada del BNG Rosana Pérez ha acusado a la Xunta de permitir actuar con «total impunidad» a la empresa adjudicataria al «incumplir gravemente» de forma reiterada los pliegos del contrato. Avisa de que, tras finalizar un contrato por 51 millones, se le acaba de adjudicar el nuevo servicio desde octubre por casi 58 millones.

Así, denuncia que se trata de un contrato «hecho a medida» para que la empresa no tenga que contar con una grúa de repuesto. Además, critica que el helicóptero que la Xunta «vende como nuevo» lleva ocho años como «viejo conocido» encargado de las sustituciones del titular en Celeiro (Lugo). «Un auténtico escándalo», reprueba la diputada nacionalista.

Igualmente, Pérez alerta de que la adjudicataria «nunca» realizó las obras de adaptación del tamaño del hangar de la base de Celeiro al tamaño de los helicópteros, lo que ha acarreado «muchos incidentes por este motivo».

También apunta la diputada nacionalista que existe una denuncia judicial realizada por la vía penal por un trabajador contra la empresa y la Xunta por ponerse en riesgo su vida en una maniobra al contar el helicóptero solo con una grúa.

Todo ello mientras se produce sanciones «ridículas» de unos 200 euros al día a una empresa con contratos millonarios. Expone que el pasado mes de junio el servicio estuvo inoperativo durante cinco días, además de entre el 13 y el 28 de septiembre.

«BUENA» VALORACIÓN DEL SERVICIO

En respuesta, la secretaria xeral técnica ha negado que la compañía cometa infracciones graves ni que actúe con «impunidad», además de rechazar que la Xunta permita incumplimientos, para lo cual realiza inspecciones periódicas.

Defiende que se produce un «exhaustivo control y seguimiento del servicio», del que hace una «buena» valoración, con una ejecución del contrato «satisfactoria». Subraya que la disponibilidad de aeronaves es «muy alta», pues la media de operatividad anual es del 95 por ciento.

Además, dice que la falta de una segunda grúa «no afecta a la prestación del servicio», al tiempo que recuerda que «raramente» se necesita por avería de la otra, para lo cual hay que «remontarse más de dos décadas». Y es que deja claro que la rescisión del contrato solo se aplica en «casos extremos» y «en ningún caso» se produce un incumplimiento «sistemático».

En lo tocante a la aeronave del nuevo contrato, la secretaria xeral técnica valora que es «superior» en prestaciones a la titular anterior, pues es más moderna y mejor en velocidad, seguridad y equipamiento, asegura.

Sobre la denuncia penal indicada por el BNG, Silvia Cortiñas ha dicho «tener constancia del incidente», «pero no que la Xunta esté imputada penalmente». El incidente está bajo investigación del departamento de seguridad de la empresa y «en ningún caso hubo riesgo para el rescatador que no estén contemplado en sus procedimientos operativos estándar».