Unas 200 personas, entre trabajadores, familias, representantes sindicales y empresariales, entre otros, se han concentrado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el cierre de la mina de Penouta, en Viana do Bolo (Ourense).
Lo han hecho después de que el alto tribunal gallego paralizase temporalmente la actividad de una mina, que extrae actualmente coltán, materia presente en teléfonos móviles, tablets o pantallas.
Ha sido en el marco de un proceso judicial promovido por Ecoloxistas en Acción, motivo por el que durante la protesta se han podido leer lemas como ‘Ecologistas verdes en la vida de las ciudades y negro el rural», aludiendo a la situación de los trabajadores afectados por la citada suspensión, 129, en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de diciembre.
Así lo ha explicado el presidente del comité de empresa, Domingo Sousa Rodríguez, quien ha dicho que «no pueden estar esperando una resolución que no se sabe el tiempo que va a durar». «Necesitamos trabajar y que la mina siga abierta», ha añadido en el marco de una protesta en la que los participantes han hecho sonar tambores y silbatos.
Todo ello con pancartas con lemas como ‘sin minería no hay vida’, ‘TSXG, 130 familias esperan justicia’, ‘Minería sostenible, no somos el problema, somos la solución’. También han coreado proclamas en la misma línea pidiendo, además, en la lectura de un manifiesto «un futuro» para los afectados.
Al respecto, Juan Carlos López Corbacho, secretario general de la Federacion de Industria de CCOO en Galicia, ha asegurado que «su manera de sobrevivir es tener esta industria» y ha calificado de «muy justa» la reivindicación de los trabajadores.
«Afecta a toda una comarca», ha dicho también al reclamar que se proteja el rural y la actividad en él. «Cuando tienen un recurso que pueden explotar se les cierra el único medio de vida que tienen», ha apostillado Corbacho. «Se cumplen los requisitos ambientales que se exigen, aunque haya que mejorar cosas», ha expuesto también.
POSTURA DE LA EMPRESA
Desde la empresa, Strategic Minerales, se insiste en que la paralización cautelar de la ‘sección C’, en la que ahora se trabaja, «no está fundamentada, dado que la decisión ni siquiera hace referencia a la posibilidad de generar un daño y, por otro, no se ha valorado el daño que provoca el cierre de la mina».
«Supone hipotecar el futuro de la montaña ourensana a tres décadas vista ya que el proyecto tiene una vigencia de 30 años, ampliables a 75 años, con lo que ello implica para el desarrollo del rural y la España vaciada», defienden también en un comunicado en el que aseguran que por cada empleo de la mina se generan otros tres indirectos.
